lunes, 30 de noviembre de 2009

Limpieza social a la mexicana


Lydia Cacho

Plan B

30 de noviembre de 2009


Un sociólogo de la Universidad de Chihuahua, 13 amas de casa que estaban en “el lugar equivocado”, 27 jóvenes que no hicieron nada más que tener el cabello corto y escuchar narcocorridos en su mp3, 43 empleados de clase media asesinados, 18 jóvenes puestos contra el paredón y masacrados con AK-47 en un centro para rehabilitación de adicciones. Un reportero aquí, una reportera allá son lo que el presidente Calderón llama daños colaterales de guerra.

Desde hace casi tres años han sido asesinadas en México 15 mil personas; adicionalmente, los conteos de hombres y mujeres desaparecidos van de 3 mil a 5 mil. Durante esta guerra han perdido la vida 725 policías y soldados, lo que nos deja con 14 mil 275 civiles entre los cuales nadie puede identificar con claridad cuántos son criminales y cuántas son personas que incomodaron a las fuerzas del orden.

En América Latina tenemos una historia de la eliminación de grupos sociales considerados indeseables, sin valor social o peligrosos por ser o parecer criminales: jóvenes con adicciones, mujeres de delincuentes, familiares de sospechosos. La limpieza social sólo puede darse en un ambiente autoritario que se niega al diálogo y en el cual no opera un sistema de justicia transparente. La autoridad nos ha dicho que los miles de muertes son producto de malos matando malos y buenos matando malos. Una simplificación muy peligrosa.

Según la organización Irak Body Count (IBC) en Irak, con minas unipersonales, bombas, misiles, metralletas, tanques y millares de soldados, han muerto 12 mil 96 personas al año en ese país invadido. Gustavo de Greiff Restrepo, el ex fiscal antidrogas de Colombia, responsable de la guerra antinarco, declaró que durante toda la guerra hubo 2 mil muertos civiles; 200 narcotraficantes muertos; tres líderes de cárteles; más de 200 narcos en la cárcel y más de 2 mil personas encarceladas relacionadas con el narco. Ahora dice que fue inútil.

Estamos ante una masacre mexicana que se oculta bajo un discurso guerrero que una parte de la sociedad y el Estado han asumido como propio, tal como sucedió en Guatemala y en Colombia. Años después, los paramilitares que admitieron haber asesinado jóvenes adictos y a defensores sociales como parte de la guerra contra el narco quedaron intocados por la justicia.

La opinión pública, amedrentada y harta de la violencia e inseguridad, se vuelve hostil e irresponsable y avala el asesinato como método de justicia expedita. Diga lo que diga Calderón, la inoperancia del sistema de justicia penal ha prohijado una limpieza social operada por militares, policías, políticos y empresarios.

Deshumanizar al delincuente como “enemigo” predispone a la sociedad para aceptar la aniquilación y el asesinato sin cuestionar, sin exigir transparencia y rendición de cuentas. Esta es claramente una guerra por el poder, entre poderes, no una batalla por la justicia y la paz social.

Calderón declaró el sábado que “el mayor reto es imponer la ley en el país”. Eso resulta éticamente insostenible mientras tengamos 15 mil asesinatos sin investigar bajo la coartada oficial de que eran “malos”. Hoy sabemos que muchas personas inocentes han muerto, por eso resulta inaceptable asumir que imponer la ley es discriminar a las y los mexicanos entre “buenos” y “malos”. ¿Quién y cómo lo deciden?

jueves, 26 de noviembre de 2009

JUAREZ Y LA VIOLENCIA


El año 2008 arranca con un desfase descomunal en el porcentaje “regular” de muertes violentas en ciudad Juárez. En el año 2008 hubo poco más de 1600 asesinatos de los cuales 87 fueron feminicidios en 2008, cifra que se alcanzo con solo la mitad del año 2009 y hasta la fecha sigue sin verse la luz al final del túnel.

Este crecimiento en el índice delictivo coincide con la militarización de la ciudad. La llegada de las fuerzas castrenses a esta frontera no ha significado, ni remotamente, la disminución de la criminalidad, sino que ha sucedido exactamente lo contrario y eso es algo que no requiere de mayores argumentos puesto que salta a la vista. Hoy todos los ciudadanos tenemos entre nuestros parientes, amigos o conocidos cuando menos 2 víctimas de homicidio y me atrevo a decir que no es una generalidad sino una totalidad.

Mientras tanto, el gobierno federal, por todos los medios posibles, se publicita como un luchador incansable por nuestra seguridad, sin embargo, otra vez sin necesidad de mayores argumentos, solo haciendo un análisis incluso vago de su publicidad, de las declaraciones de los funcionarios y de los recursos que el mismo estado pone a nuestra disposición para nuestra “información” nos deja claro que la visión que se tiene de “seguridad” a nivel gobierno es de una mediocridad surrealista.

Para la administración federal actual hablar de seguridad solo tiene una concepción básicamente policiaca. Nosotros podemos creer eso pecando de ingenuidad o podemos creer que por alguna razón oculta se reduce tan drásticamente el concepto del término.

Seguridad del trabajo, de atención a la salud, de servicios educativos, de vivienda, de respeto por parte de las autoridades mismas y muchas, muchas cosas mas.

Ahora, ¿Por qué se hacen de lado todos estos conceptos tan importantes relacionados con la seguridad? ¿El gobierno realmente cree que con la militarización de la sociedad va a ganar la guerra contra el narcotráfico? ¿Creemos nosotros que el gobierno cree lo que nos está diciendo?

El sentir popular según lo alcanzo a vislumbrar es de absoluta confusión en la mayoría de la ciudadanía porque es claro que todos sabemos que se nos miente, que se nos manipula y que se nos traiciona, pero por otro lado aceptamos sin mayores conflictos la militarización de nuestra vida, aceptamos mansamente la violación de la constitución, aceptamos la violación de las garantías individuales de muchísima gente por parte de la autoridad que en muchos de los casos se pone a la altura de los mismos delincuentes.

Estas son cuestiones que debemos plantearnos para poder establecer nosotros un criterio propio en relación con esta situación tan compleja en la que estamos inmersos, de otra manera, estamos condenados a seguir siendo solo “receptores” del conocimiento que la autoridad quiera ofrecernos y no “participantes” de la vida política social y económica de nuestro país.

8 ejecuciones, 10 ejecuciones, 15 ejecuciones, etcétera, escoja usted un dia, ¿Cuál le gusta? Cualquiera es bueno para contar muertos, y ¿Quiénes son estos? Por regla general son “malillas” de barrio cuando son delincuentes. Cuando no, pueden ser representantes sindicales, líderes sociales, maestros universitarios…

Si hacemos un balance entre muertos y detenidos llegamos a la conclusión de que se está desarrollando una guerra contra los pobres, mas no contra la pobreza.

Recientemente el gobierno federal ha propuesto un paquete fiscal que ha sido cuestionado por el mundo entero salvo por los democráticos y siempre comprometidos con el pueblo ocupantes de nuestras cámaras legislativas, siempre prestos a levantar la mano a todo lo que los mantenga alejados de la disminución de sus prebendas.

Seguridad: ¿Para quién? ¿en que le ha beneficiado al ciudadano común los dispositivos de seguridad implementados? Ahora nadie puede circular libremente por la calle por temor a los militares y a los sicarios.

¿De dónde sale tanto criminal?

¿Qué probabilidad habrá de que una persona con un trabajo digno, bien remunerado, que le permita cubrir sus necesidades y las de su familia y que le brinde seguridad”, pueda ser reclutado para las filas del crimen? ¿No será acaso la pobreza, la marginación y sobre todo desesperanza el aliciente que cultiva la disposición para una vida delictiva?

El gobierno deja muy claro estar renuente a considerar todos estos aspectos como factores decisivos para el aumento o disminución de la violencia y la ola delictiva en general.

Esta renuencia tendrá que ver con la pregunta antes citada de si cree el gobierno que ganará la guerra contra el crimen. Yo creo que no, e insisto en que sería muy ingenuo pensar que el estado no ha considerado la calidad de vida de los ciudadanos. Tal vez es precisamente este factor lo que lo hace reaccionar de la manera en que lo hace. Estamos hablando del temor de la clase política y de la alta clase empresarial a un descontento generalizado de la población que ha sido excluida de todo tipo de participación. Este temor podría ser la verdadera causa de la militarización generalizada. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar de ésta manera? Revisemos el torrente publicitario oficial: No hay evidencia de una mínima disposición para atender el problema de la desigualdad social. Además, en la supuesta lucha contra el narcotráfico, no hay detenciones importantes, ni de grandes capos, ni de grandes empresarios, ni de políticos importantes, ni de personalidades conocidas que sin duda alguna tienen que ver con el crimen organizado.

Las bandas de sicarios operan libremente por toda la ciudad. Dos años enteros y las patrullas militares ni una sola vez se han topado con alguno de los comandos de asesinos. ¿Cómo puede ser esto? ¿No será acaso que haya una vinculación entre ambas entidades armadas? Aquí cabe preguntarse: ¿los escuadrones de sicarios no serán en realidad la implementación moderna de los legendarios escuadrones de la muerte?

Yo pienso que si realmente existiera la voluntad oficial de poner un alto a la violencia el proceder del estado sería distinto. Los militares no andarían en las calles, sino que seguirían en sus cuarteles, los policías federales no serian un dolor de cabeza para la comunidad. El estado, que arrastra sobre sí la certeza de su ilegitimidad, estaría esforzándose, en lugar de lesionar mas la economía del hogar común con un nuevo paquete fiscal, por ofrecer estabilidad laboral, educativa y social a los ciudadanos y pondría la muestra con una política verdadera y evidente de austeridad dirigida a los funcionarios públicos de alto nivel, cuyos privilegios y percepciones sólo van de acuerdo con una nación que no existe, con el necesario y urgente objetivo de conseguir la credibilidad de la que carece y cuya falta es determinante para el problema de la ingobernabilidad. Desafortunadamente las evidencias dicen lo contrario.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

sábado, 7 de noviembre de 2009