DOCUMENTO CREADO POR LA ASAMBLEA CIUDADANA JUARENCE Y EXPUESTO EN EL FORO.
Compañeros, amigos todos.
La Asamblea Ciudadana Juarense, a la cual representamos en este foro, agradece el espacio otorgado para presentarnos ante ustedes exponiendo las demandas que nos unifican como asamblea y desarrollando un análisis de la problemática a la que nos enfrentamos.
Somos un grupo plural que nos conformamos el día 6 de junio a partir de la convocatoria hecha en la marcha “Todos Somos Manuel” llevada a cabo el día 3 de junio del año en curso. Nuestro grupo nace a partir de las protestas por el asesinato del Dr. Manuel Arroyo Galván, catedrático de esta universidad, enarbolando las siguientes demandas: a) El esclarecimiento de los asesinatos de los maestros Manuel Arroyo y Gerardo González Guerrero. b) La aparición de nuestras compañeras universitarias Lidia Ramos Mancha y Mónica Alanís Esparza, asi como el esclarecimiento de los asesinatos de nuestros compañeros universitarios Jaime Irigoyen y c) El restablecimiento del ESTADO DE DERECHO y d) Un cambio en la política de seguridad, estableciéndose un énfasis social y no policiaco-militar.
Esta asamblea ciudadana ha recogido las experiencias de otras luchas contra la militarización y la impunidad en nuestra ciudad y se ha sumado, activamente, a las demandas de nuestra comunidad: informando, organizando, demandando y ofreciendo alternativas de solución al grave problema de inseguridad que vivimos los juarenses, dado el fracaso rotundo del Operativo Conjunto Chihuahua articulado por los tres niveles de gobierno.
Nuestro análisis es el siguiente:
A partir de noviembre de 2007, se recrudece la crisis de Seguridad Pública (que ya vivíamos los juarenses) a tal grado, que de ese mes a marzo del 2008 se da un promedio diario de 2 asesinatos sangrientos en la ciudad. Argumentando este aumento evidente de la violencia, atribuido al crimen organizado, el día último de marzo de 2008, son enviados al estado de Chihuahua miles de soldados y Policías Federales (que a la fecha rondan los 10,000 efectivos), articulados en el Operativo Conjunto Chihuahua. Desde su llegada el promedio de asesinatos, no sólo no disminuyó, sino aumentó a más de 5 ejecuciones diarias, y, a la fecha, el promedio sigue en aumento y ronda, en estos dos últimos meses, las 10 ejecusiones diarias. Además, ya con la presencia del OCCH, comenzaron en la ciudad una ola de extorsiones, secuestros, masacres perpetradas por comandos paramilitares, violaciones reiteradas a los derechos humanos (cateos arbitrarios, levantones, retenes, etc.), hostigamiento y asesinato de luchadores sociales y un alarmante incremento del número de mujeres desaparecidas, que tiene al grueso de la comunidad en Shock.
Ciudad Juárez ha sido históricamente, desde finales del siglo xix, un lugar privilegiado para los grandes tráficos. Esta situación ha determinado que se viva una constante violencia en la frontera, relacionada con los negocios del narcotráfico hacia Estados Unidos, el principal consumidor de drogas en el mundo. El narcotráfico por un lado, un crecimiento acelerado y desordenado por otro y la falta de una política social enfocada a proveer de servicios a los miles de migrantes que llegan en busca de trabajo a esta frontera, han generado capítulos amargos de violencia contra la población más vulnerable, teniendo como ejemplo máximo el triste caso de los feminicidios.
Para poder entender el recrudecimiento de la crisis de violencia y el estado de terror que padecemos en nuestra ciudad, consideramos que es necesario explicar el contexto de crisis general en que se encuentra actualmente el mundo, ver como ésta se desarrolla en nuestro país y así poder evidenciar el fracaso de las políticas de gobierno para enfrentarla, como es el caso del OCCh.
Actualmente el capitalismo global atraviesa una profunda crisis sistémica. Lo más evidente de esta crisis, se expresa en su vertiente económica que afecta a las principales industrias del planeta. En un mundo de economía globalizada, la crisis afecta en mayor medida a los países subdesarrollados, como el nuestro, donde los organismos internacionales han reconocido que México será unos de los mayores afectados. Estados Unidos, nuestro vecino hoy en crisis, el principal promotor del capitalismo neoliberal a nivel global, es el líder de una política imperial militarista que se ha venido expandiendo a partir de los atentados del 9-11 de 2001 con el objetivo de hacerse del control de las zonas que considera estratégicas para sus intereses (Irak, Afganistán, Colombia, Honduras). No obstante que el pueblo norteamericano ha castigado en las últimas elecciones la política genocida y ultraderechista de George W. Bush, eligiendo un moderado demócrata (Barack Obama), el gobierno de Estados Unidos está más determinado por sus intereses económicos y políticos transnacionales que por el estilo particular de su gobernante. Lo anterior lo demuestra la postura ambigua que Obama ha tomado frente al condenable golpe de Estado en Honduras. En este contexto, brevemente desarrollado, se comienza hablar de un Estado Fallido Mexicano con las claras intenciones de proseguir y profundizar el intervencionismo militar norteamericano en nuestro país, con el argumento cantado de que frente a la incompetencia de nuestras autoridades en su supuesta guerra contra el crimen, se requiere el apoyo intervencionista de nuestro vecino del norte. (caso Lebaron)
También en este contexto, Felipe Calderón, presidente de facto neoliberal y proimperialista declara una supuesta guerra contra el crimen, que le sirve de argumento para sacar al ejército de los cuarteles y militarizar de manera anticonstitucional el país. Si comprendemos que la militarización está engranada a los intereses de las oligarquías nacionales e internacionales veremos que ésta responde en primer lugar a la necesidad de contener, ante la gravedad de la crisis, las protestas sociales inminentes de un México que padece desempleo y hambre en constante aumento, segundo, que se trata de alinear militarmente a través del ejército y la corrupta PFP, al jugoso negocio del narcotráfico, que es de BILLONES de dólares, en una sola mafia que mantenga la complicidad con los gobiernos de México y Estados Unidos, porque no se trataría de acabar con el negocio del narcotráfico, sino “modernizarlo”; y, así mismo, la política de militarización y “guerra contra el crimen” le permite a Calderón buscar obtener algo de legitimidad que no gano en las elecciones.
Es importante tener presente que en junio del 2008, se firma el llamado Plan Mérida entre México y Estados Unidos, un plan de cooperación militar que busca la intervención del ejército de Estados Unidos en México, Plan articulado con anterioridad por los gobiernos de George W. Bush y Vicente Fox. La entrada en vigor del Plan Mérida, en medio de la llamada guerra contra el crimen, muestra que ésta encuadra en una política militarista regional en Latinoamérica impulsada por Estados Unidos, para contener el avance del movimiento popular en el continente, surgido a partir de la crisis económica y social, saldo de años de las políticas neoliberal. El Plan Mérida es una réplica del llamado Plan Colombia que militarizó ese país, con su estela de asesinatos impunes, principalmente de luchadores sociales; donde el presidente Álvaro Uribe es denunciado como un jefe paramilitar y que usa al ejército de Colombia para intervenir en la zona de Sudamérica y donde a final de cuantas el tráfico de cocaína no se ha detenido.
La clase política en el estado de Chihuahua, en particular la de Ciudad Juárez, ha pedido activamente la colombianización del estado, sin reparar en los saldos negativos que, en materia de derechos humanos, hay en el país sudamericano a partir del Plan Colombia y la pérdida de soberanía que significaría la intromisión más directa de las fuerzas militares estadounidenses en México. La militarización del estado de Chihuahua y en particular en Ciudad Juárez, no solamente no han detenido el crimen, al contrario, el crimen se enseñorea en nuestras calles, son múltiples las ejecuciones que suceden todos los días en medio de una ciudad vigilada por soldados fuertemente armados y donde no se han registrado enfrentamientos significativos entre el ejército y las llamadas fuerzas del crimen.
En nuestra ciudad, tal pareciera que se desarrolla una política de terror planificado, todos los días nos bombardean con noticias terroríficas, donde se transmiten en vivo ejecutados, que son dados por narcos a priori, y donde nunca detienen a los sicarios. Las autoridades tienen el descaro de hablar de defensa de la legalidad, cuando la presencia de los militares violenta el marco jurídico que ellos mismos han legislado y jurado respetar. El cinismo es tal, que se atreven a declarar que todo va bien, que vamos ganando “la batalla” mientras los juarenses nos enfrentamos atemorizados diariamente a la inseguridad, a la impunidad, que ellos ven desde sus oficinas en el centro del país, o el colmo, desde El Paso Tx.
Estamos convencidos de que la supuesta guerra contra el narcotráfico es solo un pretexto para militarizar y suspender las garantías individuales de la población con el fin de contener las posibles manifestaciones en repudio a las políticas económicas que están agravando la crisis en desarrollo. Es muy sospechoso que las redes de lavado de dinero del narco estén intactas, que la enorme cantidad de empresarios y políticos corruptos ligados al crimen no sean ni siquiera molestados. En esta guerra solo se persigue a los delincuentes de bajo perfil, lo que platea una criminalización de los pobres. Por esto, es tan grave que nuestra universidad no haya tenido un posicionamiento oficial de repudio a la violación de nuestra autonomía, cuando un convoy militar entró al campus de IIT-IADA y dio dos vueltas por el estacionamiento, justo en frente donde un día antes se llevo a cabo un foro contra la militarización. En este Estado de Excepción no declarado, todos los juarenses somos sospechosos de ser criminales, lo que nos vuelve victimas de todo tipo de abusos y vejaciones (las denuncias de tortura sistemática practicadas por los militares, no le piden nada aun campo de concentración Nazi) Y es alarmante que las ejecuciones de supuestos delincuentes sean mezcladas con los asesinatos de gente comprometida en la
formación y dirección del pueblo pobre.
En todo esto, una de las situaciones más graves es la manipulación al que está siendo sometido el grueso de la población desesperada, que al plateársele, como única solución al problema del crimen, la militarización, se ve orillado a aceptar a regañadientes los atropellos y barbaridades de militares y pfp. El argumento de que es la última opción que tenemos para enfrentar al supuesto crimen, se cae por sí solo, ya que el ejército no interviene para parar la ola de ejecuciones y otros crímenes, siempre llega a destiempo o está más preocupado por desarmar a la población que a los delincuentes que dice combatir.
Nuestra autoridades pretenden ganar su supuesta guerra, podando el árbol de crimen, pero tal pareciera que no está contemplado acabar con el problema de raiz, dado que el combate al crimen para ser efectivo debe priorizar el combate a la pobreza que lleva a las puertas de la criminalidad a tanta gente sin educación, ninguneada, desempleada o mal remunerada. Esto no les interesa.
¿Cómo organizarnos frente a la militarización y la impunidad?
Según datos periodísticos hasta julio del 2009 suman 1,125 asesinatos, siendo julio históricamente el mes más violento con 244. De estos asesinatos en el año, 54 fueron feminicidios. En 2008 se registraron poco más de 1600 asesinatos de los cuales 87 fueron feminicidios. El total de denuncias al ejército y la PFP suman 717. El panorama para lo que resta del año apunta a superar el record violento del 2008.
Además siguen sin esclarecerse los asesinatos de los líderes sociales, Géminis Ochoa; Benjamín Le Barón, Luis Whitman y Armando Villarreal Marta, además de los hostigamientos a Cipriana Jurado, y a miembros de la Kasa de Kultura y adherentes de La Otra Campaña vinculados con el caso Lomas de Poleo. Parece un regreso a la “guerra sucia” de la década del setenta del siglo pasado, cuando el Estado perseguía y desaparecía a quienes consideraba enemigos.
Dado el aumento de la violencia a partir de la militarización, vemos como una respuesta urgente y absolutamente necesaria la organización de la sociedad civil para autoprotegerse. Asimismo será necesario establecer redes y lazos de colaboración entre los distintos grupos, organizaciones e individuos(as) comprometidos con la sociedad para fortalecer acciones tendientes a restablecer el Estado de Derecho, la paz y la reestructuración económica. Las dos grandes preocupaciones que nos suman son la inseguridad y la mala economía, concretizadas en la militarización y la depresión económicas que juntas hacen posible la actual crisis en que estamos sumergidos. El Estado, siendo más un obstáculo que un aliado, es necesario a través de nuevas formas de participación política más equitativas reestructurarlo o reemplazarlo para beneficio de la sociedad juarense, chihuahuense y mexicana.
Nuestros fines son pacíficos, sería un error combatir la violencia con más violencia. Queremos reemplazar la cotidianidad de muerte y destrucción económica con alternativas pacíficas de organización, trabajo y seguridad y para ello hacemos uso de la socialización, la asamblea, la autogestión o cualquier otro mecanismo afín cuya meta sea la participación abierta y extensiva de la sociedad en general. La trinchera donde depositamos nuestra lucha es el contacto directo con la gente a través de la palabra, la cultura y las artes, procurando generar conciencia de lo que sucede y cómo se puede participar.
La lucha contra el narcotráfico es un esfuerzo inútil y peligroso, como se ha podido comprobar por las fallidas estrategias bélicas del Estado en sus tres niveles de gobierno si no se tiene además a la sociedad de aliada, de ahí la violación a los derechos fundamentales. Por ello se hace necesaria una participación más directa de la sociedad en el replanteamiento o desaparición de los operativos conjuntos, en la legislación y planeación de la ciudad y nación que deseamos ser, y de manera inmediata en el restablecimiento del Estado de derecho. La militarización de la vida cotidiana no sólo es un peligro para la sociedad, también lo es a la larga para los gobiernos civiles.
