EN REPUDIO A LA MASACRE DEL 2 DE OCTUBRE

La Comunidad Estudiantil te invita a recordar esta fecha

Panel sobre le 68
Miércoles 30 de septiembre
5-7 PM
Macroaula 2 de IIT-UACJ

Documental: Las claves de la masacre
Jueves 1 de octubre
10 AM
Aula Armando B. Chávez ICSA-UACJ

Foro: Lucha y autonomía universitaria
Jueves 1 de octubre
11 AM
Aula: Armando B. Chávez ICSA-UACJ
Comité Universitario de Izquierda

Evento político cultural en memoria de las victimas de Tlatelolco
Viernes 2 de octubre
4 PM
Plaza Misión de Guadalupe (Av. Ferrocarril y Vicente Guerrero)
Percutor, El Cántaro, La Otra Edad, La Oveja Negra, poesía, malabares con fuego, videos, discursos y más
Comunidad Estudiantil y Asamblea Ciudadana Juarense

Pronunciamiento de la Asamblea Ciudadana Juarense contra la ratificación de Arturo Chávez Chávez, como Procurador General de la República.

El 7 de septiembre de 2009, Felipe Calderón nombró al candidato ideal para continuar con el sistema de injusticia e impunidad que impera en el país: Arturo Chávez Chávez.

Su nombramiento constituye, en principio, una falta al sentido común puesto que su actuación como Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua se caracterizó por la falta de respuesta ante la violación, desaparición y asesinato de cientos de mujeres.

Considerarlo para un puesto de tan alto rango, representa un premio a su mediocridad, su misoginia y a su habilidad para encontrar justificaciones a su ineptitud.

En la página oficial del gobierno federal, se establece que la “Procuraduría General de la República es el órgano del poder Ejecutivo Federal, que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular es el Procurador General de la República, quien preside al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares que son la policía investigadora y los peritos.”

Los valores impuestos en su código de conducta son la legalidad (fiel cumplimiento y respeto a las leyes); la objetividad e imparcialidad (sin intervención de juicios personales o apreciaciones subjetivas, sin concesión de privilegios y bajo un trato no discriminatorio); el profesionalismo (estudio pormenorizado de los asuntos encomendados); la eficacia (uso adecuado de los instrumentos y herramientas de trabajo); la honradez y congruencia (lograr el cumplimiento oportuno y eficaz de nuestras responsabilidades, con respecto a las demandas y exigencias de la sociedad en procuración de justicia); la lealtad (a través del reconocimiento del vínculo con la procuración de justicia derivado de su integración a la Institución, de manera que la fortalezca y proteja con su trabajo diario); la

transparencia (observando claridad en su trabajo y accesibilidad con quienes tengan interés jurídico y legítimo en los asuntos de su competencia, brindando información comprensible y verificable); el respeto de la dignidad humana (respeto irrestricto de las garantías y derechos fundamentales de las personas previstos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte); la solidaridad institucional y colaboración (mediante un actuar copartícipe que contribuya al trabajo en equipo, anteponiendo a cualquier otro, los intereses de la Institución y de la sociedad); la certeza (dotar a la sociedad de certidumbre y seguridad respecto de la actuación que habrán de tener los servidores públicos que intervienen en la procuración de justicia); la prudencia (que los servidores públicos eviten actuar con descuido, ligereza o negligencia); la actitud más aptitud (actitud diligente, asertiva y de servicio hacia la sociedad para aplicar su inteligencia y capacidad creadora, vinculada a la aptitud técnica, legal y moral).

Contrario a los valores que requiere el puesto, el trabajo de Chávez Chávez al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua se caracterizó por la falta de integración de expedientes, la fabricación de culpables, la reticencia de sus declaraciones, la negativa a indagar, la negligencia, la insensibilidad ante el dolor de las madres, la ligereza de sus juicios en los que señaló la vestimenta de las víctimas y su condición social como causantes de su muerte, la impunidad, la falta de atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Llama la atención que Felipe Calderón proponga a un hombre que demostró su ineficacia para resolver los asesinatos de cientos de mujeres. En un momento crítico para el país, donde los asesinatos por la supuesta lucha contra el narco rebasan los 4000, es urgente que la justicia sea igual para todos y todas, donde los asesinatos se resuelvan sin importar la condición social de las víctimas y sin que se cierren los casos alegando “lucha entre bandas”.

Si el Senado ratifica el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República, estará siendo cómplice por omisión del feminicidio que aun está vigente en Ciudad Juárez. Por otro lado, será cómplice de las atrocidades que se cometen día a día en el país, pero que ahora tendrán un orador que las avale y justifique. Su ratificación será, sin lugar a dudas, un grave retroceso en materia de seguridad e impartición de justicia.

En virtud de la injusticia misma que representa este condenable nombramiento, el pasado 14 de septiembre un grupo de madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez convocó a una manifestación pacífica afuera de las instalaciones de la PGR en la ciudad, para pintar cruces negras sobre fondo rosa con la palabra justicia en la barda gris, símbolo que ha representado a las víctimas del feminicidio en esta ciudad.

El delegado estatal de la PGR, Héctor García Rodríguez abrió una averiguación previa contra quien resulte responsable de las pintas que se hicieron, ya que en su opinión "debe de dejarse un precedente para que ya no se vuelvan a presentar este tipo de disturbios que afecte a la institución". No es preciso hacer hincapié que estas madres demandan justicia desde hace 15 años por el cruel asesinato de sus hijas, de los cuales no hubo precedente legal puesto que al día de hoy siguen ocurriendo violaciones y asesinatos contra mujeres.

Como cualquier estado fascista, la protesta social es altamente criminalizada, y la postura de García Rodríguez lo confirma.

Las declaraciones del delegado estatal de la PGR contra manifestantes, deben ser tomadas como una amenaza eminentemente política contra quienes manifiestan ideas diferentes al estado militarizado y violento que parece decidido a no respetar los derechos humanos y los derechos políticos.

Ante este atentado directo contra el derecho a la libre manifestación y como solidaridad ante las madres que reclaman justicia para sus hijas, la Asamblea Ciudadana Juarense rechaza la postura de Héctor García González y le hace una atenta invitación a aclarar los asesinatos a mujeres ocurridos en la época de Arturo Chávez Chávez, además, lo exhorta a trabajar en la resolución de los más de 1600 asesinatos que han ocurrido en esta frontera en los últimos dos años.

Así mismo, se exige al Senado de la República que rechace el nombramiento de Arturo Chávez Chávez, puesto que constituye una burla ante el dolor de cientos de familiares que perdieron a una hija, a una hermana, a una madre, y para quienes la justicia no ha llegado.

IMPORTANTE: Repudio en la PGR a Madres de víctimas de feminicidios.

Por Alfredo Limas Hernandez
14 de Sep 2009

Hoy lunes 14 se realizó el acto de familias de victimas y gente de organismos solidarios con ellas. Fue en la megabandera. Por la manana se elaboró una manta que se montaría en las afueras de la pgr en Juarez, con una celebración de la Palabra con lecturas de Salmos que claman justicia y acto seguido se realizó la instalación de una cruz rosa como memorial y desgravio de las ofenfas a las victimas de feminicidio.
Luego se acudió a la PGR en donde se iba a entregar una carta con el contenido del documento que se entregó a la Presidencia de la Republica en uso del derecho de peticion para requerir que se retire la nominación de Arturo Chávez Chávez como Procurador de la República. Dado que se conoció la información de que no habrá atención del Senado al tema hasta la próxima semana, se omitió esto y se procedió a una pinta de cruces en las murallas de la PGR, como memorial a las víctimas y manifiesta protesta ante la postulación de Arturo Chávez Ch. Y fue una amenaza y un agravio a la dignidad lo que tuvieron que padecer las madres presentes y sus amigas y amigos solidarios. El Delegado de la PGR, Héctor García Rodríguez, salió a decir que era demasiado. Que a las madres "ya les aceptó sus cruces, sus marchas, sus presencias" ... que ya no más. Que había dañado la propiedad privada. Las madres le tuvieron que indicar que las muralles de la PGR no eran de propiedad privada sino propiedad de la nación y que nosotros y nosotras somos también la nación. Esa nación en que la autoridad las minoriza y violenta sus derechos, que no las tolera, como si toleró los crímenes a sus hijas y sus familias, los raptos y cautiverios padecidos por las jóvenes, las violencias y los asesinatos y desapariciones sufridas.

Eso si se tolera, las presencias dignas de las madres no. La amenaza fue frontal, con harto enojo del delegado. Las madres de las víctimas, con sus manos pintadas de rosa por pintar las emblemáticas cruces negras con el fondo rosa, estaban ahi: Josefina e Irma, demandantes ante la Corte Interamericana (Benita como sabemos tiene asilo político en los Estados Unidos), estaban doña Soledad, doña Eva, Ana María, Ana Isabel, entre otras. A todas las amenazó el "señor delegado". Y todas lo confrontaron. Le dijeron que así de bravo debió actuar la autoridad para defender los derechos de sus hijas y actuar contra los criminales. En la manifestación pacífica, no se dañaron las instalaciones, no se faltó al respeto a nadie, y la barda luce dignas cruces negras sobre el fondo rosa. Se ve imponente. Ahora la amenaza de que las madres derechohumanistras sean tomadas presas por una orden de un juez federal es una más a su lista de agravios. Si las han humillado tanto, torturado psicológicamente, quizá sólo falta que las apresen.... y a mucha gente con ellas. Nos intimidaban tomando fotos, anotando en sus libretitas diligentes, mirándonos con enojo...

Les pedimos divulgar esto. Actuar. Solidaridarse. Escribir cartas a los medios. En especial, a los juarense y a la Presidencia de la República. ¿No tienen las madres derecho a actos memoriales y desagravios en nombre de sus víctimas? En su caso, no será la primera vez que en Chihuahua se aprese a activistas de los derechos humanos.

Publicado por PePe.

Pronunciamiento de la Asamblea Ciudadana Juarense, contra el alza a la tarifa del transporte público

La Asamblea Juarense Contra la Militarización rechaza de manera tajante el aumento en un 33% a las tarifas del transporte público. Dicho incremento contraviene a la ley y representa un golpe demoledor a la economía de los más de 800,000 usuarios --en su mayoría trabajadores-- que dependen de este servicio. Este aumento contribuye también a la precarización de la vida de los habitantes de la ciudad, propicia el deterioro del medio ambiente, además de incrementar el riesgo y la inseguridad de las personas y familias que dependen de este medio de transporte de manera cotidiana. Con el aumento al transporte público se lesiona el derecho a una vida digna de lo/as ciudadanos, principalmente de las más vulnerables.

La LEY DE TRANSPORTE Y SUS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO en el ARTÍCULO 1, establece que el servicio de transporte urbano de pasajeros, lo debe proporcionar el Estado directamente ó a través de particulares ó concesionarios, con el fin último de servir a la ciudadanía. Establecido así, el transporte público, no es un negocio, sino un servicio público. Sin embargo, en nuestra ciudad existe una estructura piramidal que promueve el monopolio, eleva los costos y propicia un deficiente servicio de transporte público.

Dentro de esta estructura, son los dueños ó concesionarios miembros de unas cuantas familias, quienes ejercen un control monopólico sobre las placas que permiten la operación de las llamadas ruteras que circulan en la ciudad. Un segundo nivel, dentro de la estructura piramidal del sistema de transporte, lo constituyen los camioneros quienes a su vez rentan las placas que les permiten poner en circulación las unidades de transporte de las cuales son propietarios. Los camioneros son también quienes contratan a los chóferes de las unidades a cambio del pago obligatorio de una cuota. Esta cuota fija despoja a los choferes de un salario digno ya que lo que les queda una vez cubierta la cuota, constituye su salario. La sobre explotación de los choferes y las condiciones laborales que enfrentan propician el pésimo servicio que ofrecen. Un servicio caracterizado por el trato insultante hacia los usuario/as, la renuencia a respetar los descuentos de ley a estudiantes y adultos mayores, y por su impericia frente al volante.

Considerando que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO VI, SEGUNDO PÁRRAFO dice que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”, el aumento a la tarifa del transporte público, lesiona el derecho de los ciudadano/as a una vida digna. En Ciudad Juárez, por ejemplo, son los/as trabajadores, quienes principalmente usan el trasporte público. Considerando que en promedio perciben un salario mínimo de $55 pesos diarios, el gasto en el que incurre un trabajador/a por concepto de transporte representa por lo menos una cuarta parte de su ingreso y puede representar la totalidad de su sueldo en el caso de mantener a una familia de cuatro miembros o más. Debido a que el gasto por el uso del transporte público representa una parte significativa del ingreso familiar de lo/as trabajadores, la Asamblea ve con preocupación la posibilidad real de que quienes habitualmente dependen de este servicio tengan que decidir entre alimentar y vestir a sus hijo/as ó gastar la mayor parte de su salario en llevarlos a la escuela ó a las guarderías para recibir la educación y los cuidados a los que cada ciudadano/a tiene derecho.

Existen en México ejemplos de sistemas de transporte urbano cuyo servicio responde a las necesidades de la población sin transgredir los derechos ciudadanos y la economía familiar. Un ejemplo es el sistema de trasporte público en el Distrito Federal conocido como metro. El metro abarca una extensa red de cobertura por las que lo/as usuarios pagan sólo $2 pesos en recorridos de hasta 30 kilómetros. En Ciudad Juárez, con $6 pesos, la cobertura apenas llega a los 6 kilómetros en promedio. Comparando ambos sistemas de trasporte, el precio que pagan lo/as juarenses es NUEVE veces más costoso que el de los capitalinos.

No obstante que el precio por el uso del transporte público es menor, en el Distrito Federal los usuario/as del metro reciben un servicio digno, relativamente rápido, seguro, y limpio. Además el sistema de transporte público en el Distrito Federal representa una fuente de trabajo para un número importante de personas. En Ciudad Juárez, por el contrario, la tarifa que están obligados a pagar lo/as usuarios no corresponde con el servicio que reciben. En general, las unidades se encuentran en malas condiciones y son altamente contaminantes.

Sí los gobiernos del estado y municipal asumieran su responsabilidad de ofrecer el servicio de transporte, los derechos de los trabajadores de este sector tendrían que ser garantizados creando plazas de trabajo para choferes y así evitar su sobre explotación a costa del lucro de unas cuantas familias que son concesionarias del servicio. Los tratados de comercio internacionales también se podrían hacer efectivos en la compra de tecnología de transporte base en Estados Unidos, en vez de armas para seguir produciendo guerra. Además, siendo México un importante productor de petróleo y siendo Pemex una empresa del Estado, se podrían lograr acuerdos para que contribuyan a la procuración de los recursos financieros necesarios para garantizar la producción de diesel que abarate el costo del transporte.

Los argumentos con los que el gobierno del estado y municipal pretenden justificar la inexistencia de un sistema de trasporte público que satisfaga las necesidades de lo/as ciudadanos son insostenibles. El dinero que se gasta en mantener una infructuosa “guerra contra el crimen”, y los recursos exorbitantes que se destinan en militarizar la ciudad, podrían aplicarse –entre otras cosas—en el desarrollo de un sistema de transporte público eficiente.

Dado el contexto de crisis económica y social que se vive en el país y en Cd. Juárez, la autorización gubernamental al aumento en la tarifa del transporte público representa una renuncia a proteger los Derechos Humanos, pues en la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ARTÍCULO 22., se establece que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

Es claro que conforme a la letra de la Constitución, al espíritu de la Ley de Transporte, y a la exigencia de proteger los Derechos Humanos, así como a la aplicación de criterios lógicos económicos y sociales, el aumento a la tarifa de las ruteras es además de inaceptable, injustificado. En todo caso, el aumento a la tarifa del transporte público, obligará a un gran número de usuario/as y a sus familias a desplazarse de un sitio a otro a pie. Por lo anterior, la Asamblea ve como alarmante el incremento a los niveles de riesgo de lo/as trabajadores y usuario/as que quedarán mayormente expuestos y vulnerables a la violencia que azota las calles de esta ciudad y que agravia de manera cotidiana a los juarenses: asaltos a mano armada, violaciones, y otras agresiones a su integridad física y a la de sus familias. El aumento en los niveles de inseguridad que experimentan los ciudadano/as y el aumento de los índices de pobreza en la población resultarán en más violencia social. Esta última aunada a la violencia criminal que impera, apunta hacia la inviabilidad de nuestra ciudad como un espacio apto para la convivencia humana.

Dado lo anterior, la Asamblea Ciudadana Juarense, exige la revisión inmediata a las tarifas del transporte público y la mejora del servicio que se ofrece. Sí para los concesionarios– el negocio del transporte público no les resulta redituable, entonces el servicio lo debe proporcionar ó subsidiar el Estado al costo. De esa manera se protegerían los derechos de la ciudadanía y se brindará el servicio que merecemos, a la altura de la ciudad progresista y pujante que lo/as trabajadores construimos a diario.