martes, 19 de enero de 2010

Unámonos por la renuncia de Felipe Calderón


Compañer@s:

Ante la grave situación de violencia, militarización y violación a los derechos humanos que padecemos en Ciudad Juárez, a partir de que Felipe Calderón declaro de manera irresponsable la “guerra contra el crimen organizado”, consideramos que la vida de tod@s l@s juarenses se encuentra amenazada mientras la política del gobierno calderonista continué.


Felipe Calderón le ha mentido a la nación, prometió ser el presidente del empleo y lanzó a la calle a más de 44000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, prometió que no iba a subir los impuestos y ya se aprobaron en las cámaras los aumentos que empobrecerán aún más a la población, prometió cumplir y hacer cumplir la constitución y militarizo al país de manera irresponsable ahogando al país en un baño de sangre a merced de bandas criminales que operan dentro y fuera de las policías y el ejército.


Invitamos a toda la ciudadanía y a todas las organizaciones sociales a que nos unamos en un frente único para exigir la renuncia de Felipe Calderón.


La Asamblea Ciudadana Juarense estará el próximo sábado 23 a las 12 del medio día, manifestándose en Riberas del Bravo, por la renuncia de Felipe Calderón. Recolectaremos firmas y presentaremos un evento político cultural.

jueves, 7 de enero de 2010

Caravana en recuerdo de Josefina Reyes



El pasado domingo 3 de enero, fue asesinada nuestra compañera Josefina Reyes en el Valle de Juárez. Josefina fue una activista social por los Derechos Humanos. En conjunto con otras mujeres, fue de las primeras activistas que iniciaron en el Valle de Juárez la denuncia por violencia contra las mujeres. Se le recuerda como una mujer muy valiente al denunciar los abusos de los militares y los federales en aquella región. Ella y varios miembros de su familia fueron unas de las primeras voces que se opusieron a la anticonstitucional militarización de la zona, decretada por Calderón Hinojosa. Josefina colaboró organizando la primera Marcha Contra la militarización, La Represión y por el Respeto a los Derechos Humanos. Por sus insistentes acciones de denuncia y en defensa de los Derechos Humanos, Josefina Reyes, recibió varias amenazas de muerte por parte de ejército. Su muerte se suma a la lista de luchadores sociales y activistas que han sido asesinados en Chihuahua en los últimos tres años.

Para repudiar el artero asesinato de Josefina y responsabilizar al Estado mexicano de la muerte de nuestra compañera, el sábado 9 de enero a las 8 AM, realizaremos una caravana vehicular al panteón de Guadalupe, para dejar una ofrenda floral en la tumba de nuestra Camarada Caída, el punto de partida será en la Avenida Juárez Porvenir, pasando la Avenida Tecnológico (puente al revés), de donde saldremos a mas tardar a las 8:30 hacia el panteón a las 10, para salir de regreso a Juárez y terminar en la PGR de Ciudad Juárez.

Mientras el asesinato de Josefina no sea cabalmente aclarado, y el crimen permanezca impune, el estado mexicano estará manchado de sangre. Así mismo, por haber declarado una guerra irresponsable que está afectando a toda la población juarense, exigiremos la revocación de mandato para Felipe Calderón Hinojosa con carácter de urgente. La vida de todos los juarenses, sin lugar a dudas, corre serio peligro mientras él continúe al frente de la presidencia.


¡Juárez no es cuartel, fuera ejército de él!

FNCR, FEDEFAM, Gobierno Legítimo, CISO

martes, 5 de enero de 2010

Protesta homenaje por Josefina Reyes


Josefina Reyes en la primera Marcha contra la militarización, la represión y por el respeto a los Derechos Humanos, en Ciudad Juárez. 23/08/2008


El pasado domingo 03 de enero, fue asesinada nuestra compañera Josefina Reyes en el Valle de Juárez. Una importante activista social pionera de la lucha contra los feminicidios desde el Valle e impulsora del respeto a los Derechos Humanos. En los últimos meses se había destacado criticando la anticonstitucional militarización en la zona fronteriza y denunciando las violaciones a los Derechos Humanos por parte de los militares en el Valle. Por sus actividades políticas y sociales, Josefina había recibido varias amenazas de los soldados y recibió un constante acoso y vigilancia por parte de las fuerzas castrenses.

Para repudiar el asesinato de Josefina y responsabilizar al estado mexicano de la muerte de nuestra compañera, nos manifestaremos este jueves 7 de enero de 2010, frente a las instalaciones de la PGR en Ciudad Juárez (Av. Hermanos Escobar y Lincoln) a las 4 PM, en un acto protesta-homenaje. Mientras el asesinato de Josefina no sea cabalmente aclarado y el crimen permanezca impune, el Estado mexicano estará manchado de sangre. Así mismo, por haber declarado una guerra irresponsable que está afectando a toda la población juarense, exigiremos la revocación de mandato para Felipe Calderón Hinojosa.

¡Juárez no es cuartel, fuera ejército de él!

FNCR, FEDEFAM, Gobierno Legítimo

martes, 15 de diciembre de 2009



Compañer@s:



El próximo viernes a las 6 PM en el kiosco del Parque Borunda, reactivaremos las reuniones de la Asamblea Ciudadana Juarense. La intención es analizar la nueva coyuntura contra la militarización y planear siguientes acciones.


¡L@s esperamos!

lunes, 30 de noviembre de 2009

Limpieza social a la mexicana


Lydia Cacho

Plan B

30 de noviembre de 2009


Un sociólogo de la Universidad de Chihuahua, 13 amas de casa que estaban en “el lugar equivocado”, 27 jóvenes que no hicieron nada más que tener el cabello corto y escuchar narcocorridos en su mp3, 43 empleados de clase media asesinados, 18 jóvenes puestos contra el paredón y masacrados con AK-47 en un centro para rehabilitación de adicciones. Un reportero aquí, una reportera allá son lo que el presidente Calderón llama daños colaterales de guerra.

Desde hace casi tres años han sido asesinadas en México 15 mil personas; adicionalmente, los conteos de hombres y mujeres desaparecidos van de 3 mil a 5 mil. Durante esta guerra han perdido la vida 725 policías y soldados, lo que nos deja con 14 mil 275 civiles entre los cuales nadie puede identificar con claridad cuántos son criminales y cuántas son personas que incomodaron a las fuerzas del orden.

En América Latina tenemos una historia de la eliminación de grupos sociales considerados indeseables, sin valor social o peligrosos por ser o parecer criminales: jóvenes con adicciones, mujeres de delincuentes, familiares de sospechosos. La limpieza social sólo puede darse en un ambiente autoritario que se niega al diálogo y en el cual no opera un sistema de justicia transparente. La autoridad nos ha dicho que los miles de muertes son producto de malos matando malos y buenos matando malos. Una simplificación muy peligrosa.

Según la organización Irak Body Count (IBC) en Irak, con minas unipersonales, bombas, misiles, metralletas, tanques y millares de soldados, han muerto 12 mil 96 personas al año en ese país invadido. Gustavo de Greiff Restrepo, el ex fiscal antidrogas de Colombia, responsable de la guerra antinarco, declaró que durante toda la guerra hubo 2 mil muertos civiles; 200 narcotraficantes muertos; tres líderes de cárteles; más de 200 narcos en la cárcel y más de 2 mil personas encarceladas relacionadas con el narco. Ahora dice que fue inútil.

Estamos ante una masacre mexicana que se oculta bajo un discurso guerrero que una parte de la sociedad y el Estado han asumido como propio, tal como sucedió en Guatemala y en Colombia. Años después, los paramilitares que admitieron haber asesinado jóvenes adictos y a defensores sociales como parte de la guerra contra el narco quedaron intocados por la justicia.

La opinión pública, amedrentada y harta de la violencia e inseguridad, se vuelve hostil e irresponsable y avala el asesinato como método de justicia expedita. Diga lo que diga Calderón, la inoperancia del sistema de justicia penal ha prohijado una limpieza social operada por militares, policías, políticos y empresarios.

Deshumanizar al delincuente como “enemigo” predispone a la sociedad para aceptar la aniquilación y el asesinato sin cuestionar, sin exigir transparencia y rendición de cuentas. Esta es claramente una guerra por el poder, entre poderes, no una batalla por la justicia y la paz social.

Calderón declaró el sábado que “el mayor reto es imponer la ley en el país”. Eso resulta éticamente insostenible mientras tengamos 15 mil asesinatos sin investigar bajo la coartada oficial de que eran “malos”. Hoy sabemos que muchas personas inocentes han muerto, por eso resulta inaceptable asumir que imponer la ley es discriminar a las y los mexicanos entre “buenos” y “malos”. ¿Quién y cómo lo deciden?

jueves, 26 de noviembre de 2009

JUAREZ Y LA VIOLENCIA


El año 2008 arranca con un desfase descomunal en el porcentaje “regular” de muertes violentas en ciudad Juárez. En el año 2008 hubo poco más de 1600 asesinatos de los cuales 87 fueron feminicidios en 2008, cifra que se alcanzo con solo la mitad del año 2009 y hasta la fecha sigue sin verse la luz al final del túnel.

Este crecimiento en el índice delictivo coincide con la militarización de la ciudad. La llegada de las fuerzas castrenses a esta frontera no ha significado, ni remotamente, la disminución de la criminalidad, sino que ha sucedido exactamente lo contrario y eso es algo que no requiere de mayores argumentos puesto que salta a la vista. Hoy todos los ciudadanos tenemos entre nuestros parientes, amigos o conocidos cuando menos 2 víctimas de homicidio y me atrevo a decir que no es una generalidad sino una totalidad.

Mientras tanto, el gobierno federal, por todos los medios posibles, se publicita como un luchador incansable por nuestra seguridad, sin embargo, otra vez sin necesidad de mayores argumentos, solo haciendo un análisis incluso vago de su publicidad, de las declaraciones de los funcionarios y de los recursos que el mismo estado pone a nuestra disposición para nuestra “información” nos deja claro que la visión que se tiene de “seguridad” a nivel gobierno es de una mediocridad surrealista.

Para la administración federal actual hablar de seguridad solo tiene una concepción básicamente policiaca. Nosotros podemos creer eso pecando de ingenuidad o podemos creer que por alguna razón oculta se reduce tan drásticamente el concepto del término.

Seguridad del trabajo, de atención a la salud, de servicios educativos, de vivienda, de respeto por parte de las autoridades mismas y muchas, muchas cosas mas.

Ahora, ¿Por qué se hacen de lado todos estos conceptos tan importantes relacionados con la seguridad? ¿El gobierno realmente cree que con la militarización de la sociedad va a ganar la guerra contra el narcotráfico? ¿Creemos nosotros que el gobierno cree lo que nos está diciendo?

El sentir popular según lo alcanzo a vislumbrar es de absoluta confusión en la mayoría de la ciudadanía porque es claro que todos sabemos que se nos miente, que se nos manipula y que se nos traiciona, pero por otro lado aceptamos sin mayores conflictos la militarización de nuestra vida, aceptamos mansamente la violación de la constitución, aceptamos la violación de las garantías individuales de muchísima gente por parte de la autoridad que en muchos de los casos se pone a la altura de los mismos delincuentes.

Estas son cuestiones que debemos plantearnos para poder establecer nosotros un criterio propio en relación con esta situación tan compleja en la que estamos inmersos, de otra manera, estamos condenados a seguir siendo solo “receptores” del conocimiento que la autoridad quiera ofrecernos y no “participantes” de la vida política social y económica de nuestro país.

8 ejecuciones, 10 ejecuciones, 15 ejecuciones, etcétera, escoja usted un dia, ¿Cuál le gusta? Cualquiera es bueno para contar muertos, y ¿Quiénes son estos? Por regla general son “malillas” de barrio cuando son delincuentes. Cuando no, pueden ser representantes sindicales, líderes sociales, maestros universitarios…

Si hacemos un balance entre muertos y detenidos llegamos a la conclusión de que se está desarrollando una guerra contra los pobres, mas no contra la pobreza.

Recientemente el gobierno federal ha propuesto un paquete fiscal que ha sido cuestionado por el mundo entero salvo por los democráticos y siempre comprometidos con el pueblo ocupantes de nuestras cámaras legislativas, siempre prestos a levantar la mano a todo lo que los mantenga alejados de la disminución de sus prebendas.

Seguridad: ¿Para quién? ¿en que le ha beneficiado al ciudadano común los dispositivos de seguridad implementados? Ahora nadie puede circular libremente por la calle por temor a los militares y a los sicarios.

¿De dónde sale tanto criminal?

¿Qué probabilidad habrá de que una persona con un trabajo digno, bien remunerado, que le permita cubrir sus necesidades y las de su familia y que le brinde seguridad”, pueda ser reclutado para las filas del crimen? ¿No será acaso la pobreza, la marginación y sobre todo desesperanza el aliciente que cultiva la disposición para una vida delictiva?

El gobierno deja muy claro estar renuente a considerar todos estos aspectos como factores decisivos para el aumento o disminución de la violencia y la ola delictiva en general.

Esta renuencia tendrá que ver con la pregunta antes citada de si cree el gobierno que ganará la guerra contra el crimen. Yo creo que no, e insisto en que sería muy ingenuo pensar que el estado no ha considerado la calidad de vida de los ciudadanos. Tal vez es precisamente este factor lo que lo hace reaccionar de la manera en que lo hace. Estamos hablando del temor de la clase política y de la alta clase empresarial a un descontento generalizado de la población que ha sido excluida de todo tipo de participación. Este temor podría ser la verdadera causa de la militarización generalizada. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar de ésta manera? Revisemos el torrente publicitario oficial: No hay evidencia de una mínima disposición para atender el problema de la desigualdad social. Además, en la supuesta lucha contra el narcotráfico, no hay detenciones importantes, ni de grandes capos, ni de grandes empresarios, ni de políticos importantes, ni de personalidades conocidas que sin duda alguna tienen que ver con el crimen organizado.

Las bandas de sicarios operan libremente por toda la ciudad. Dos años enteros y las patrullas militares ni una sola vez se han topado con alguno de los comandos de asesinos. ¿Cómo puede ser esto? ¿No será acaso que haya una vinculación entre ambas entidades armadas? Aquí cabe preguntarse: ¿los escuadrones de sicarios no serán en realidad la implementación moderna de los legendarios escuadrones de la muerte?

Yo pienso que si realmente existiera la voluntad oficial de poner un alto a la violencia el proceder del estado sería distinto. Los militares no andarían en las calles, sino que seguirían en sus cuarteles, los policías federales no serian un dolor de cabeza para la comunidad. El estado, que arrastra sobre sí la certeza de su ilegitimidad, estaría esforzándose, en lugar de lesionar mas la economía del hogar común con un nuevo paquete fiscal, por ofrecer estabilidad laboral, educativa y social a los ciudadanos y pondría la muestra con una política verdadera y evidente de austeridad dirigida a los funcionarios públicos de alto nivel, cuyos privilegios y percepciones sólo van de acuerdo con una nación que no existe, con el necesario y urgente objetivo de conseguir la credibilidad de la que carece y cuya falta es determinante para el problema de la ingobernabilidad. Desafortunadamente las evidencias dicen lo contrario.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

sábado, 7 de noviembre de 2009

miércoles, 28 de octubre de 2009

RESOLUTIVOS


¡SON ELLOS Ó SOMOS NOSOTROS!

Como es del conocimiento público, el día 10 de octubre por la noche, la Policía Federal Preventiva y el Ejército Federal por instrucciones directas de Felipe Calderón Hinojosa, tomaron por asalto las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Una hora más tarde, siendo ya 11 de octubre, Calderón emite el Decreto de Extinción de nuestra empresa, liquidando inconstitucional e ilegalmente a más de 44 mil trabajadores activos, dando un verdadero Golpe de Estado.

Esta infame y cobarde agresión al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), es también un gravísimo atentado contra los derechos y conquistas del conjunto del movimiento obrero y popular, colocando a los trabajadores y al pueblo en una condición de verdadera emergencia social.

Es el ejecutivo federal quien ha orquestado esta insensata y vil campaña contra la clase trabajadora, en su abyecto servilismo a los centros financieros internacionales, a las empresas transnacionales y al imperio norteamericano. Ellos, no han tenido empacho en declararnos la guerra a los trabajadores y al pueblo, para colocar al país, en la antesala de una confrontación social y política de proporciones descomunales.

Calderón y congéneres han mentido impunemente, contando en todo momento con la colaboración de las principales empresas mediáticas, entre otras, Televisa, TV Azteca, Milenio y Cadena Tres. Instalaron a los trabajadores electricistas, en el banquillo de los acusados, los juzgaron, sentenciaron y ejecutaron la sentencia, sin haber tenido el menor derecho a la defensa propia.

La estrategia gubernamental fue clara, desaparecer a un sindicato clasista, crítico, combativo y nacionalista. La forma no importó, había que hacerlo a toda costa. Para ello instrumentaron el cónclave, donde representantes de las cámaras patronales, gobernadores, dirigentes de los partidos políticos, medios de comunicación y el propio ejecutivo federal, tomaron la decisión: ACABAR A TODA COSTA CON EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS. Esto como una Decisión de Estado.

Pero la torpeza gubernamental no conoce límites y tampoco riesgos. Apostaron a una rendición rápida del Sindicato Mexicano de Electricistas, no conocen a la clase trabajadora. El SME decidió no rendirse, luchar hasta el horizonte de sus fuerzas y ejercer el derecho a la rebeldía. Aquí nadie se rinde, ni va a ir de rodillas a implorar ningún perdón, no vamos a pedir a nuestros verdugos ningún tipo de conmiseración. Por eso estamos aquí con ustedes, juntos todos, para que unifiquemos la resistencia popular al neoliberalismo, para que unamos a los agraviados, a los damnificados, a los excluidos y explotados por este capitalismo voraz y salvaje. Para recuperar lo que es nuestro, lo que nos pertenece a todos los trabajadores y al pueblo, para hacer de nuestro país, una Patria donde se hagan realidad los ideales de Libertad, Justicia y Democracia, donde nadie se enriquezca con el trabajo de los demás. Ese es nuestro Proyecto de Nación, Alternativo al Neoliberalismo.

Por ello, esta Asamblea Nacional de la Resistencia Popular resuelve trabajar sobre los siguientes Ejes Programáticos:

1.- Expresar nuestra incondicional e irrestricta solidaridad con nuestros hermanos del Sindicato Mexicano de Electricistas, exigiendo firmemente: la derogación inmediata del decreto de extinción de LyFC; la salida de las fuerzas policiacas y militares de los centros de trabajo electricistas; regreso del Ejercito a sus cuarteles, y Retorno inmediato a la Legalidad Constitucional.

2.- Rechazar el paquetazo económico calderonista, que la Cámara de Diputados acaba de aprobar hace apenas unos días, donde incrementan los impuestos y crean otros nuevos. No más impuestos a los trabajadores y al pueblo mexicano, queremos más salario.

3.- Convocar a todas y todos, a construir una Asamblea Nacional de todos los Movimientos, sin exclusiones y con participación plena. En la lucha contra nuestros enemigos de clase, cabemos todos: organizaciones, uniones, asociaciones, federaciones, confederaciones, frentes, colectivos, corrientes, movimientos, partidos políticos, etc.

4.- Levantar las banderas de lucha de los Trabajadores y el pueblo, tales como;

a) Defensa de la Soberanía Alimentaria y Energética.

b) Defensa de la Educación Pública, Gratuita y Laica.

c) Defensa de la Seguridad Social, Integral e Intergeneracional.

d) Defensa del Poder Adquisitivo y el Empleo Digno.

e) Defensa de la Cultura y los Derechos Indígenas, Respeto a los acuerdos de San Andrés.

f) Defensa del Patrimonio Nacional, Cultural y Social.

g) Defensa de las Libertades Políticas y Derechos Constitucionales.

h) Por la Libertad de los Presos Políticos, cese a las persecuciones y a la criminalización a los luchadores sociales.

i) Alto a la represión y retorno inmediato del Ejército a sus cuarteles.

j) Defensa de la Soberanía Nacional, cese al Pago de la Deuda Externa.

k) Defensa de nuestros Trabajadores Migrantes.

l) Defensa de Luz y Fuerza del Centro, Huelga de Pagos hasta que retornen a su trabajo, los agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas.

En razón de ello, proponemos el siguiente Plan de Acción:

1.- Impulsar la conformación de Asambleas de la Resistencia en todo el territorio Nacional en todos los Estados, Municipios y regiones del país. Para ello, impulsar y realizar Asambleas de base, en los centros de trabajo, estudio, habitación y cultivo, para formar comités de lucha en apoyo al SME.

2.- Para el impulso de las Asambleas de la Resistencia: Estatal, Municipal y Regionales, integrar un COMITÉ DE ORGANIZACIÓN para que este visite los 32 estados de la república, e impulse con el respaldo de las organizaciones locales, la convergencia de todas las fuerzas.

3.- Campaña Nacional de Información y Organización, con acciones de resistencia civil en apoyo al SME, tales como; impresión y distribución de volantes; elaboración y colocación de pegotes, mantas y periódicos murales; organización de brigadas informativas y de agitación; utilización de masiva de los medios alternativos de comunicación como la Internet, las radios comunitarias, etc.; semáforos informativos, plantones y cierres intermitentes de instalaciones públicas y mediáticas; recolección de fondos económicos y víveres para la resistencia electricista, mediante boteos y centros de acopio.

4.- Coordinar las acciones y esfuerzos de movilización y organización: a nivel delegacional, municipal, estatal, y finalmente las de carácter nacional, construyendo las convergencias correspondientes a todos esos niveles, para unificar y potenciar nuestras luchas.

5.- Partiendo de los niveles antes descritos, discutir y acordar las fechas para una Huelga General de todos los mexicanos, para detener la ofensiva de la oligarquía y su Estado. Por ello, se cita el 5 de noviembre, a la realización de la segunda sesión de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular declarada permanente, también en las instalaciones del SME de Insurgentes Centro # 98 Col. Tabacalera a las 17 horas.

6.- El 30 de octubre, Jornada Cívica Nacional de Resistencia Popular, impulsando el juicio político y la revocación de mandato contra Felipe Calderón Hinojosa y Javier Lozano Alarcón.

7.- El 30 de octubre, convocatoria y realización de la primera Asamblea Nacional Representativa del Movimiento Estudiantil, a llevarse a cabo en las instalaciones del SME de Insurgentes Centro # 98 Col. Tabacalera a las 12 horas.

Fraternalmente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

México D.F. a 24 de octubre de 2009

ASAMBLEA NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR

sábado, 17 de octubre de 2009

ALARMA ante la situación de los derechos humanos:


Nuevamente el caso de Ciudad Juárez.

Rosario Ibarra*



Primero fue la ratificación, en días pasados, de Arturo Chávez Chávez como Procurador General. El corazón me quedó estrujado con los testimonios que durante días presentaron ante varios Senadores –aunque nunca se les permitió hacerlo ante la Comisión de Justicia que sí escuchó a Chávez Chávez- las madres y familiares de jóvenes mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, así como las denuncias, observaciones y críticas de organismos nacionales e internacionales al desempeño –o negligencia- de este señor cuando fue Procurador en Chihuahua. Yo voté en contra de su ratificación en el Pleno del Senado, junto con otros legisladores que representamos una minoría ante el apabullante y vergonzoso voto de la mayoría.


Mala señal esa ratificación. Mala si implica un aviso de un acuerdo entre las fuerzas mayoritarias del Senado que implique otros nombramientos, especialmente el que próximamente se votará para la Presidencia de la CNDH.


Mala señal también porque implica la ratificación de una línea de autoritarismo y represión. Se alarman diciendo que hay “el riesgo de un estallido social” por el sufrimiento, insatisfacción y descontento populares por la cruel política económica del gobierno, pero en vez de cambiarla, se preparan para mayor autoritarismo, como ya lo muestra la decisión de liquidar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, despedir a miles de trabajadores y después enviar elementos de la PFP a sacar de sus casas a algunos para ir a resolver emergencias en el suministro de la energía eléctrica. Obviamente para ese curso represivo requieren una CNDH "a modo" que siga viendo “gastritis mal atendida” donde hay homicidio.


Pero acababa de pasar por el trance de la ratificación de Arturo Chávez Chávez cuando recibo más información sobre la situación de la Ciudad Juárez. Las secuelas de la militarización y el cada vez más frecuente fenómeno de que ahora la persecución es también contra los defensores de derechos humanos.


Más que preocupada, ALARMADA. Recibo las quejas de nuestros compañeros de la Asamblea Ciudadana Juarence, donde participa activamente el FNCR-Juárez en una lucha valiente por tratar de detener la militarización que, desde hace un año 7 meses, soportan so pretexto de una supuesta “lucha contra el narco”. Desde el inicio de esta lucha, hemos estado trabajando con los camaradas Jerónimo Fong y Julián Contreras, recibiendo y canalizando la información que como comisionados nos envían. Cada nuevo reporte evidencia el aumento de la barbarie a la que una ciudad paralizada por el miedo se enfrenta. Da rabia enterarse cómo la muerte se enseñorea con los bajos estratos de la delincuencia sin combate real a las élites del crimen; lo que plantea, a todas luces, una criminalización de la pobreza. Supuestamente en Ciudad Juárez todo el que es ejecutado es narco. Pero resulta que la mayoría de los ejecutados son jóvenes, pero son muy pobres. Nada qué ver con la situación de alguien que se enriquece con el narcotráfico. La violencia desbordada a límites poco vistos en la historia de nuestro país. Una militarización, además de inconstitucional, que ha llevado consigo reiteradas e ininterrumpidas violaciones a los derechos humanos que van desde cateos arbitrarios, saqueos, torturas, desapariciones forzadas y lo que espanta, la denuncia gravísima de que elementos del ejército han participado, no solamente por omisión, sino directamente en la ejecución de ciudadanos que, desde una lógica enferma, se catalogan como los prescindibles, los desechables. Las ejecuciones de luchadores sociales continúan y sus crímenes son mezclados con “narcoejecuciones” que dificilmente son investigadas y nunca resueltas.


Quiero reconocer la valentía de los defensores de Derechos Humanos de las localidades de Chihuahua denunciando el abuso de las fuerzas castrenses, y denuncio yo también el cobarde asesinato del director de la Asociación Civil de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes, Paz Rodríguez Ortiz, ejecutado vilmente este 9 de octubre.


Asimismo, expreso toda nuestra solidaridad con el defensor de los derechos humanos en Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa Hickerson, quien para vergüenza de nuestro país, recurre al autoexilio ante la falta de protección por las autoridades, dadas las amenazas de muerte de la que es víctima por parte de elementos del ejército, por atreverse a denunciar las barbaridades que cometen sistemáticamente los elementos de la SEDENA.


Los absurdos señalamientos de que los luchadores sociales y específicamente los defensores de los derechos humanos son financiados por el narco para desprestigiar al ejército llegan a lo inaudito viniendo del General Felipe de Jesús Espitia, encargado del fracasado Operativo Conjunto Chihuahua. Es por esto que no puedo estar menos que alarmada ante el riesgo tan grave que corren las vidas de quienes se atreven a denunciar y a exigir el fin del estado de excepción que priva en aquella frontera y el resto de las comunidades chihuahuenses. Estaremos al pendiente para denunciar y hacer públicas las arbitrariedades cada vez más descaradas contra la población por parte del Estado y seguiremos de cerca y apoyando al Frente Nacional Contra la Militarización que este pasado lunes 12 de octubre fue acordado en la ciudad de Morelia, Michoacán, (a donde lamentablemente no pude asistir por compromisos en el DF) en la confianza de que sólo la organización del pueblo puede detener la injusticia de este gobierno aberrante.


*Senadora de la República y dirigente del Comité “Eureka!”

miércoles, 14 de octubre de 2009

¿EXISTE EN MÉXICO, UN AUTENTICO ESTADO DE DERECHO?

En un autentico sabadazo y a hurtadillas como actúan los delincuentes, el gobierno federal ocupó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) con efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Con lujo de violencia y agrediendo a los trabajadores tomaron posesión de una empresa que es propiedad colectiva y social de todos los mexicanos y no del gobierno.

Este gravísimo atentado a las conquistas históricas del pueblo mexicano, demuestra palmariamente, la actuación de facto como la hacen los militares golpistas de cualquier parte del mundo. Eso se llama fascismo, así “gobernaban” Hitler, Mussolini, Pinochet y Díaz Ordaz.

De pasar este inconstitucional e ilegal “decreto” nadie en este país, podrá vivir en libertad ni aspirar a obtener mejores condiciones de vida y de trabajo. La derecha fracasada en todos los órdenes de gobierno, ahora arremete contra los trabajadores y el pueblo, debemos detenerlos, empujan al país a una polarización social de proporciones monumentales. La paz social de los mexicanos, se encuentra en peligro debido a la ceguera y a los compromisos con la Banca Internacional, de parte de estos funcionarios ilegítimos.

Demandamos de manera urgente al gobierno federal a: Derogar el “decreto de extinción” de Luz y Fuerza del Centro; la salida inmediata de la PFP y devolución de nuestras instalaciones a los trabajadores e instalación de una Mesa de negociación para establecer acuerdos de carácter financiero y técnico, que restablezcan la Legalidad Constitucional en Luz y Fuerza del Centro.

Entre tanto, hacemos totalmente responsable al gobierno federal, de cualquier desperfecto, interrupción o disturbio en nuestras instalaciones, toda vez que solo nosotros conocemos dichas instalaciones, conocimiento del cual carecen los invasores.

Llamamos al pueblo de México, a lo mejor de sus trabajadores, a los verdaderos hijos de esta lacerada Patria, a solidarizarse con estas justas demandas y con el Sindicato Mexicano de Electricistas. El Patrimonio Nacional debe ser defendido, cueste lo que cueste, como nos costó a todos construirlo. ¡No permitamos que nos arrebaten lo que es nuestro!

¡Todos en defensa de Luz y Fuerza del Centro y de la Industria Eléctrica Nacionalizada!

¡Respeto a los derechos y conquistas de la Clase Trabajadora y del pueblo trabajador!

¡Viva la unidad de todo el pueblo alrededor del Sindicato Mexicano de Electricistas!

lunes, 28 de septiembre de 2009


EN REPUDIO A LA MASACRE DEL 2 DE OCTUBRE

La Comunidad Estudiantil te invita a recordar esta fecha

Panel sobre le 68
Miércoles 30 de septiembre
5-7 PM
Macroaula 2 de IIT-UACJ

Documental: Las claves de la masacre
Jueves 1 de octubre
10 AM
Aula Armando B. Chávez ICSA-UACJ

Foro: Lucha y autonomía universitaria
Jueves 1 de octubre
11 AM
Aula: Armando B. Chávez ICSA-UACJ
Comité Universitario de Izquierda

Evento político cultural en memoria de las victimas de Tlatelolco
Viernes 2 de octubre
4 PM
Plaza Misión de Guadalupe (Av. Ferrocarril y Vicente Guerrero)
Percutor, El Cántaro, La Otra Edad, La Oveja Negra, poesía, malabares con fuego, videos, discursos y más
Comunidad Estudiantil y Asamblea Ciudadana Juarense




miércoles, 23 de septiembre de 2009

Pronunciamiento de la Asamblea Ciudadana Juarense contra la ratificación de Arturo Chávez Chávez, como Procurador General de la República.

El 7 de septiembre de 2009, Felipe Calderón nombró al candidato ideal para continuar con el sistema de injusticia e impunidad que impera en el país: Arturo Chávez Chávez.

Su nombramiento constituye, en principio, una falta al sentido común puesto que su actuación como Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua se caracterizó por la falta de respuesta ante la violación, desaparición y asesinato de cientos de mujeres.

Considerarlo para un puesto de tan alto rango, representa un premio a su mediocridad, su misoginia y a su habilidad para encontrar justificaciones a su ineptitud.

En la página oficial del gobierno federal, se establece que la “Procuraduría General de la República es el órgano del poder Ejecutivo Federal, que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular es el Procurador General de la República, quien preside al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares que son la policía investigadora y los peritos.”

Los valores impuestos en su código de conducta son la legalidad (fiel cumplimiento y respeto a las leyes); la objetividad e imparcialidad (sin intervención de juicios personales o apreciaciones subjetivas, sin concesión de privilegios y bajo un trato no discriminatorio); el profesionalismo (estudio pormenorizado de los asuntos encomendados); la eficacia (uso adecuado de los instrumentos y herramientas de trabajo); la honradez y congruencia (lograr el cumplimiento oportuno y eficaz de nuestras responsabilidades, con respecto a las demandas y exigencias de la sociedad en procuración de justicia); la lealtad (a través del reconocimiento del vínculo con la procuración de justicia derivado de su integración a la Institución, de manera que la fortalezca y proteja con su trabajo diario); la

transparencia (observando claridad en su trabajo y accesibilidad con quienes tengan interés jurídico y legítimo en los asuntos de su competencia, brindando información comprensible y verificable); el respeto de la dignidad humana (respeto irrestricto de las garantías y derechos fundamentales de las personas previstos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte); la solidaridad institucional y colaboración (mediante un actuar copartícipe que contribuya al trabajo en equipo, anteponiendo a cualquier otro, los intereses de la Institución y de la sociedad); la certeza (dotar a la sociedad de certidumbre y seguridad respecto de la actuación que habrán de tener los servidores públicos que intervienen en la procuración de justicia); la prudencia (que los servidores públicos eviten actuar con descuido, ligereza o negligencia); la actitud más aptitud (actitud diligente, asertiva y de servicio hacia la sociedad para aplicar su inteligencia y capacidad creadora, vinculada a la aptitud técnica, legal y moral).

Contrario a los valores que requiere el puesto, el trabajo de Chávez Chávez al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua se caracterizó por la falta de integración de expedientes, la fabricación de culpables, la reticencia de sus declaraciones, la negativa a indagar, la negligencia, la insensibilidad ante el dolor de las madres, la ligereza de sus juicios en los que señaló la vestimenta de las víctimas y su condición social como causantes de su muerte, la impunidad, la falta de atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Llama la atención que Felipe Calderón proponga a un hombre que demostró su ineficacia para resolver los asesinatos de cientos de mujeres. En un momento crítico para el país, donde los asesinatos por la supuesta lucha contra el narco rebasan los 4000, es urgente que la justicia sea igual para todos y todas, donde los asesinatos se resuelvan sin importar la condición social de las víctimas y sin que se cierren los casos alegando “lucha entre bandas”.

Si el Senado ratifica el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República, estará siendo cómplice por omisión del feminicidio que aun está vigente en Ciudad Juárez. Por otro lado, será cómplice de las atrocidades que se cometen día a día en el país, pero que ahora tendrán un orador que las avale y justifique. Su ratificación será, sin lugar a dudas, un grave retroceso en materia de seguridad e impartición de justicia.

En virtud de la injusticia misma que representa este condenable nombramiento, el pasado 14 de septiembre un grupo de madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez convocó a una manifestación pacífica afuera de las instalaciones de la PGR en la ciudad, para pintar cruces negras sobre fondo rosa con la palabra justicia en la barda gris, símbolo que ha representado a las víctimas del feminicidio en esta ciudad.

El delegado estatal de la PGR, Héctor García Rodríguez abrió una averiguación previa contra quien resulte responsable de las pintas que se hicieron, ya que en su opinión "debe de dejarse un precedente para que ya no se vuelvan a presentar este tipo de disturbios que afecte a la institución". No es preciso hacer hincapié que estas madres demandan justicia desde hace 15 años por el cruel asesinato de sus hijas, de los cuales no hubo precedente legal puesto que al día de hoy siguen ocurriendo violaciones y asesinatos contra mujeres.

Como cualquier estado fascista, la protesta social es altamente criminalizada, y la postura de García Rodríguez lo confirma.

Las declaraciones del delegado estatal de la PGR contra manifestantes, deben ser tomadas como una amenaza eminentemente política contra quienes manifiestan ideas diferentes al estado militarizado y violento que parece decidido a no respetar los derechos humanos y los derechos políticos.

Ante este atentado directo contra el derecho a la libre manifestación y como solidaridad ante las madres que reclaman justicia para sus hijas, la Asamblea Ciudadana Juarense rechaza la postura de Héctor García González y le hace una atenta invitación a aclarar los asesinatos a mujeres ocurridos en la época de Arturo Chávez Chávez, además, lo exhorta a trabajar en la resolución de los más de 1600 asesinatos que han ocurrido en esta frontera en los últimos dos años.

Así mismo, se exige al Senado de la República que rechace el nombramiento de Arturo Chávez Chávez, puesto que constituye una burla ante el dolor de cientos de familiares que perdieron a una hija, a una hermana, a una madre, y para quienes la justicia no ha llegado.

lunes, 14 de septiembre de 2009

IMPORTANTE: Repudio en la PGR a Madres de víctimas de feminicidios.

Por Alfredo Limas Hernandez
14 de Sep 2009

Hoy lunes 14 se realizó el acto de familias de victimas y gente de organismos solidarios con ellas. Fue en la megabandera. Por la manana se elaboró una manta que se montaría en las afueras de la pgr en Juarez, con una celebración de la Palabra con lecturas de Salmos que claman justicia y acto seguido se realizó la instalación de una cruz rosa como memorial y desgravio de las ofenfas a las victimas de feminicidio.
Luego se acudió a la PGR en donde se iba a entregar una carta con el contenido del documento que se entregó a la Presidencia de la Republica en uso del derecho de peticion para requerir que se retire la nominación de Arturo Chávez Chávez como Procurador de la República. Dado que se conoció la información de que no habrá atención del Senado al tema hasta la próxima semana, se omitió esto y se procedió a una pinta de cruces en las murallas de la PGR, como memorial a las víctimas y manifiesta protesta ante la postulación de Arturo Chávez Ch. Y fue una amenaza y un agravio a la dignidad lo que tuvieron que padecer las madres presentes y sus amigas y amigos solidarios. El Delegado de la PGR, Héctor García Rodríguez, salió a decir que era demasiado. Que a las madres "ya les aceptó sus cruces, sus marchas, sus presencias" ... que ya no más. Que había dañado la propiedad privada. Las madres le tuvieron que indicar que las muralles de la PGR no eran de propiedad privada sino propiedad de la nación y que nosotros y nosotras somos también la nación. Esa nación en que la autoridad las minoriza y violenta sus derechos, que no las tolera, como si toleró los crímenes a sus hijas y sus familias, los raptos y cautiverios padecidos por las jóvenes, las violencias y los asesinatos y desapariciones sufridas.

Eso si se tolera, las presencias dignas de las madres no. La amenaza fue frontal, con harto enojo del delegado. Las madres de las víctimas, con sus manos pintadas de rosa por pintar las emblemáticas cruces negras con el fondo rosa, estaban ahi: Josefina e Irma, demandantes ante la Corte Interamericana (Benita como sabemos tiene asilo político en los Estados Unidos), estaban doña Soledad, doña Eva, Ana María, Ana Isabel, entre otras. A todas las amenazó el "señor delegado". Y todas lo confrontaron. Le dijeron que así de bravo debió actuar la autoridad para defender los derechos de sus hijas y actuar contra los criminales. En la manifestación pacífica, no se dañaron las instalaciones, no se faltó al respeto a nadie, y la barda luce dignas cruces negras sobre el fondo rosa. Se ve imponente. Ahora la amenaza de que las madres derechohumanistras sean tomadas presas por una orden de un juez federal es una más a su lista de agravios. Si las han humillado tanto, torturado psicológicamente, quizá sólo falta que las apresen.... y a mucha gente con ellas. Nos intimidaban tomando fotos, anotando en sus libretitas diligentes, mirándonos con enojo...

Les pedimos divulgar esto. Actuar. Solidaridarse. Escribir cartas a los medios. En especial, a los juarense y a la Presidencia de la República. ¿No tienen las madres derecho a actos memoriales y desagravios en nombre de sus víctimas? En su caso, no será la primera vez que en Chihuahua se aprese a activistas de los derechos humanos.

Publicado por PePe.

viernes, 11 de septiembre de 2009

Pronunciamiento de la Asamblea Ciudadana Juarense, contra el alza a la tarifa del transporte público

La Asamblea Juarense Contra la Militarización rechaza de manera tajante el aumento en un 33% a las tarifas del transporte público. Dicho incremento contraviene a la ley y representa un golpe demoledor a la economía de los más de 800,000 usuarios --en su mayoría trabajadores-- que dependen de este servicio. Este aumento contribuye también a la precarización de la vida de los habitantes de la ciudad, propicia el deterioro del medio ambiente, además de incrementar el riesgo y la inseguridad de las personas y familias que dependen de este medio de transporte de manera cotidiana. Con el aumento al transporte público se lesiona el derecho a una vida digna de lo/as ciudadanos, principalmente de las más vulnerables.

La LEY DE TRANSPORTE Y SUS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO en el ARTÍCULO 1, establece que el servicio de transporte urbano de pasajeros, lo debe proporcionar el Estado directamente ó a través de particulares ó concesionarios, con el fin último de servir a la ciudadanía. Establecido así, el transporte público, no es un negocio, sino un servicio público. Sin embargo, en nuestra ciudad existe una estructura piramidal que promueve el monopolio, eleva los costos y propicia un deficiente servicio de transporte público.

Dentro de esta estructura, son los dueños ó concesionarios miembros de unas cuantas familias, quienes ejercen un control monopólico sobre las placas que permiten la operación de las llamadas ruteras que circulan en la ciudad. Un segundo nivel, dentro de la estructura piramidal del sistema de transporte, lo constituyen los camioneros quienes a su vez rentan las placas que les permiten poner en circulación las unidades de transporte de las cuales son propietarios. Los camioneros son también quienes contratan a los chóferes de las unidades a cambio del pago obligatorio de una cuota. Esta cuota fija despoja a los choferes de un salario digno ya que lo que les queda una vez cubierta la cuota, constituye su salario. La sobre explotación de los choferes y las condiciones laborales que enfrentan propician el pésimo servicio que ofrecen. Un servicio caracterizado por el trato insultante hacia los usuario/as, la renuencia a respetar los descuentos de ley a estudiantes y adultos mayores, y por su impericia frente al volante.

Considerando que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO VI, SEGUNDO PÁRRAFO dice que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”, el aumento a la tarifa del transporte público, lesiona el derecho de los ciudadano/as a una vida digna. En Ciudad Juárez, por ejemplo, son los/as trabajadores, quienes principalmente usan el trasporte público. Considerando que en promedio perciben un salario mínimo de $55 pesos diarios, el gasto en el que incurre un trabajador/a por concepto de transporte representa por lo menos una cuarta parte de su ingreso y puede representar la totalidad de su sueldo en el caso de mantener a una familia de cuatro miembros o más. Debido a que el gasto por el uso del transporte público representa una parte significativa del ingreso familiar de lo/as trabajadores, la Asamblea ve con preocupación la posibilidad real de que quienes habitualmente dependen de este servicio tengan que decidir entre alimentar y vestir a sus hijo/as ó gastar la mayor parte de su salario en llevarlos a la escuela ó a las guarderías para recibir la educación y los cuidados a los que cada ciudadano/a tiene derecho.

Existen en México ejemplos de sistemas de transporte urbano cuyo servicio responde a las necesidades de la población sin transgredir los derechos ciudadanos y la economía familiar. Un ejemplo es el sistema de trasporte público en el Distrito Federal conocido como metro. El metro abarca una extensa red de cobertura por las que lo/as usuarios pagan sólo $2 pesos en recorridos de hasta 30 kilómetros. En Ciudad Juárez, con $6 pesos, la cobertura apenas llega a los 6 kilómetros en promedio. Comparando ambos sistemas de trasporte, el precio que pagan lo/as juarenses es NUEVE veces más costoso que el de los capitalinos.

No obstante que el precio por el uso del transporte público es menor, en el Distrito Federal los usuario/as del metro reciben un servicio digno, relativamente rápido, seguro, y limpio. Además el sistema de transporte público en el Distrito Federal representa una fuente de trabajo para un número importante de personas. En Ciudad Juárez, por el contrario, la tarifa que están obligados a pagar lo/as usuarios no corresponde con el servicio que reciben. En general, las unidades se encuentran en malas condiciones y son altamente contaminantes.

Sí los gobiernos del estado y municipal asumieran su responsabilidad de ofrecer el servicio de transporte, los derechos de los trabajadores de este sector tendrían que ser garantizados creando plazas de trabajo para choferes y así evitar su sobre explotación a costa del lucro de unas cuantas familias que son concesionarias del servicio. Los tratados de comercio internacionales también se podrían hacer efectivos en la compra de tecnología de transporte base en Estados Unidos, en vez de armas para seguir produciendo guerra. Además, siendo México un importante productor de petróleo y siendo Pemex una empresa del Estado, se podrían lograr acuerdos para que contribuyan a la procuración de los recursos financieros necesarios para garantizar la producción de diesel que abarate el costo del transporte.

Los argumentos con los que el gobierno del estado y municipal pretenden justificar la inexistencia de un sistema de trasporte público que satisfaga las necesidades de lo/as ciudadanos son insostenibles. El dinero que se gasta en mantener una infructuosa “guerra contra el crimen”, y los recursos exorbitantes que se destinan en militarizar la ciudad, podrían aplicarse –entre otras cosas—en el desarrollo de un sistema de transporte público eficiente.

Dado el contexto de crisis económica y social que se vive en el país y en Cd. Juárez, la autorización gubernamental al aumento en la tarifa del transporte público representa una renuncia a proteger los Derechos Humanos, pues en la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ARTÍCULO 22., se establece que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

Es claro que conforme a la letra de la Constitución, al espíritu de la Ley de Transporte, y a la exigencia de proteger los Derechos Humanos, así como a la aplicación de criterios lógicos económicos y sociales, el aumento a la tarifa de las ruteras es además de inaceptable, injustificado. En todo caso, el aumento a la tarifa del transporte público, obligará a un gran número de usuario/as y a sus familias a desplazarse de un sitio a otro a pie. Por lo anterior, la Asamblea ve como alarmante el incremento a los niveles de riesgo de lo/as trabajadores y usuario/as que quedarán mayormente expuestos y vulnerables a la violencia que azota las calles de esta ciudad y que agravia de manera cotidiana a los juarenses: asaltos a mano armada, violaciones, y otras agresiones a su integridad física y a la de sus familias. El aumento en los niveles de inseguridad que experimentan los ciudadano/as y el aumento de los índices de pobreza en la población resultarán en más violencia social. Esta última aunada a la violencia criminal que impera, apunta hacia la inviabilidad de nuestra ciudad como un espacio apto para la convivencia humana.

Dado lo anterior, la Asamblea Ciudadana Juarense, exige la revisión inmediata a las tarifas del transporte público y la mejora del servicio que se ofrece. Sí para los concesionarios– el negocio del transporte público no les resulta redituable, entonces el servicio lo debe proporcionar ó subsidiar el Estado al costo. De esa manera se protegerían los derechos de la ciudadanía y se brindará el servicio que merecemos, a la altura de la ciudad progresista y pujante que lo/as trabajadores construimos a diario.

jueves, 20 de agosto de 2009

Viernes, 6:00 PM, kiosco del Parque Borunda

Compañer@s:

Les informamos que la reunión de la Asamblea Ciudadana Juarense, será el próximo viernes a las 6:00 PM, en el kiosco del Parque Borunda en Ciudad Juárez.

lunes, 10 de agosto de 2009

Foro Celebrando las Luchas Sociales en Ciudad Juarez

DOCUMENTO CREADO POR LA ASAMBLEA CIUDADANA JUARENCE Y EXPUESTO EN EL FORO.


Compañeros, amigos todos.

La Asamblea Ciudadana Juarense, a la cual representamos en este foro, agradece el espacio otorgado para presentarnos ante ustedes exponiendo las demandas que nos unifican como asamblea y desarrollando un análisis de la problemática a la que nos enfrentamos.
Somos un grupo plural que nos conformamos el día 6 de junio a partir de la convocatoria hecha en la marcha “Todos Somos Manuel” llevada a cabo el día 3 de junio del año en curso. Nuestro grupo nace a partir de las protestas por el asesinato del Dr. Manuel Arroyo Galván, catedrático de esta universidad, enarbolando las siguientes demandas: a) El esclarecimiento de los asesinatos de los maestros Manuel Arroyo y Gerardo González Guerrero. b) La aparición de nuestras compañeras universitarias Lidia Ramos Mancha y Mónica Alanís Esparza, asi como el esclarecimiento de los asesinatos de nuestros compañeros universitarios Jaime Irigoyen y c) El restablecimiento del ESTADO DE DERECHO y d) Un cambio en la política de seguridad, estableciéndose un énfasis social y no policiaco-militar.

Esta asamblea ciudadana ha recogido las experiencias de otras luchas contra la militarización y la impunidad en nuestra ciudad y se ha sumado, activamente, a las demandas de nuestra comunidad: informando, organizando, demandando y ofreciendo alternativas de solución al grave problema de inseguridad que vivimos los juarenses, dado el fracaso rotundo del Operativo Conjunto Chihuahua articulado por los tres niveles de gobierno.
Nuestro análisis es el siguiente:
A partir de noviembre de 2007, se recrudece la crisis de Seguridad Pública (que ya vivíamos los juarenses) a tal grado, que de ese mes a marzo del 2008 se da un promedio diario de 2 asesinatos sangrientos en la ciudad. Argumentando este aumento evidente de la violencia, atribuido al crimen organizado, el día último de marzo de 2008, son enviados al estado de Chihuahua miles de soldados y Policías Federales (que a la fecha rondan los 10,000 efectivos), articulados en el Operativo Conjunto Chihuahua. Desde su llegada el promedio de asesinatos, no sólo no disminuyó, sino aumentó a más de 5 ejecuciones diarias, y, a la fecha, el promedio sigue en aumento y ronda, en estos dos últimos meses, las 10 ejecusiones diarias. Además, ya con la presencia del OCCH, comenzaron en la ciudad una ola de extorsiones, secuestros, masacres perpetradas por comandos paramilitares, violaciones reiteradas a los derechos humanos (cateos arbitrarios, levantones, retenes, etc.), hostigamiento y asesinato de luchadores sociales y un alarmante incremento del número de mujeres desaparecidas, que tiene al grueso de la comunidad en Shock.
Ciudad Juárez ha sido históricamente, desde finales del siglo xix, un lugar privilegiado para los grandes tráficos. Esta situación ha determinado que se viva una constante violencia en la frontera, relacionada con los negocios del narcotráfico hacia Estados Unidos, el principal consumidor de drogas en el mundo. El narcotráfico por un lado, un crecimiento acelerado y desordenado por otro y la falta de una política social enfocada a proveer de servicios a los miles de migrantes que llegan en busca de trabajo a esta frontera, han generado capítulos amargos de violencia contra la población más vulnerable, teniendo como ejemplo máximo el triste caso de los feminicidios.
Para poder entender el recrudecimiento de la crisis de violencia y el estado de terror que padecemos en nuestra ciudad, consideramos que es necesario explicar el contexto de crisis general en que se encuentra actualmente el mundo, ver como ésta se desarrolla en nuestro país y así poder evidenciar el fracaso de las políticas de gobierno para enfrentarla, como es el caso del OCCh.
Actualmente el capitalismo global atraviesa una profunda crisis sistémica. Lo más evidente de esta crisis, se expresa en su vertiente económica que afecta a las principales industrias del planeta. En un mundo de economía globalizada, la crisis afecta en mayor medida a los países subdesarrollados, como el nuestro, donde los organismos internacionales han reconocido que México será unos de los mayores afectados. Estados Unidos, nuestro vecino hoy en crisis, el principal promotor del capitalismo neoliberal a nivel global, es el líder de una política imperial militarista que se ha venido expandiendo a partir de los atentados del 9-11 de 2001 con el objetivo de hacerse del control de las zonas que considera estratégicas para sus intereses (Irak, Afganistán, Colombia, Honduras). No obstante que el pueblo norteamericano ha castigado en las últimas elecciones la política genocida y ultraderechista de George W. Bush, eligiendo un moderado demócrata (Barack Obama), el gobierno de Estados Unidos está más determinado por sus intereses económicos y políticos transnacionales que por el estilo particular de su gobernante. Lo anterior lo demuestra la postura ambigua que Obama ha tomado frente al condenable golpe de Estado en Honduras. En este contexto, brevemente desarrollado, se comienza hablar de un Estado Fallido Mexicano con las claras intenciones de proseguir y profundizar el intervencionismo militar norteamericano en nuestro país, con el argumento cantado de que frente a la incompetencia de nuestras autoridades en su supuesta guerra contra el crimen, se requiere el apoyo intervencionista de nuestro vecino del norte. (caso Lebaron)
También en este contexto, Felipe Calderón, presidente de facto neoliberal y proimperialista declara una supuesta guerra contra el crimen, que le sirve de argumento para sacar al ejército de los cuarteles y militarizar de manera anticonstitucional el país. Si comprendemos que la militarización está engranada a los intereses de las oligarquías nacionales e internacionales veremos que ésta responde en primer lugar a la necesidad de contener, ante la gravedad de la crisis, las protestas sociales inminentes de un México que padece desempleo y hambre en constante aumento, segundo, que se trata de alinear militarmente a través del ejército y la corrupta PFP, al jugoso negocio del narcotráfico, que es de BILLONES de dólares, en una sola mafia que mantenga la complicidad con los gobiernos de México y Estados Unidos, porque no se trataría de acabar con el negocio del narcotráfico, sino “modernizarlo”; y, así mismo, la política de militarización y “guerra contra el crimen” le permite a Calderón buscar obtener algo de legitimidad que no gano en las elecciones.
Es importante tener presente que en junio del 2008, se firma el llamado Plan Mérida entre México y Estados Unidos, un plan de cooperación militar que busca la intervención del ejército de Estados Unidos en México, Plan articulado con anterioridad por los gobiernos de George W. Bush y Vicente Fox. La entrada en vigor del Plan Mérida, en medio de la llamada guerra contra el crimen, muestra que ésta encuadra en una política militarista regional en Latinoamérica impulsada por Estados Unidos, para contener el avance del movimiento popular en el continente, surgido a partir de la crisis económica y social, saldo de años de las políticas neoliberal. El Plan Mérida es una réplica del llamado Plan Colombia que militarizó ese país, con su estela de asesinatos impunes, principalmente de luchadores sociales; donde el presidente Álvaro Uribe es denunciado como un jefe paramilitar y que usa al ejército de Colombia para intervenir en la zona de Sudamérica y donde a final de cuantas el tráfico de cocaína no se ha detenido.
La clase política en el estado de Chihuahua, en particular la de Ciudad Juárez, ha pedido activamente la colombianización del estado, sin reparar en los saldos negativos que, en materia de derechos humanos, hay en el país sudamericano a partir del Plan Colombia y la pérdida de soberanía que significaría la intromisión más directa de las fuerzas militares estadounidenses en México. La militarización del estado de Chihuahua y en particular en Ciudad Juárez, no solamente no han detenido el crimen, al contrario, el crimen se enseñorea en nuestras calles, son múltiples las ejecuciones que suceden todos los días en medio de una ciudad vigilada por soldados fuertemente armados y donde no se han registrado enfrentamientos significativos entre el ejército y las llamadas fuerzas del crimen.
En nuestra ciudad, tal pareciera que se desarrolla una política de terror planificado, todos los días nos bombardean con noticias terroríficas, donde se transmiten en vivo ejecutados, que son dados por narcos a priori, y donde nunca detienen a los sicarios. Las autoridades tienen el descaro de hablar de defensa de la legalidad, cuando la presencia de los militares violenta el marco jurídico que ellos mismos han legislado y jurado respetar. El cinismo es tal, que se atreven a declarar que todo va bien, que vamos ganando “la batalla” mientras los juarenses nos enfrentamos atemorizados diariamente a la inseguridad, a la impunidad, que ellos ven desde sus oficinas en el centro del país, o el colmo, desde El Paso Tx.
Estamos convencidos de que la supuesta guerra contra el narcotráfico es solo un pretexto para militarizar y suspender las garantías individuales de la población con el fin de contener las posibles manifestaciones en repudio a las políticas económicas que están agravando la crisis en desarrollo. Es muy sospechoso que las redes de lavado de dinero del narco estén intactas, que la enorme cantidad de empresarios y políticos corruptos ligados al crimen no sean ni siquiera molestados. En esta guerra solo se persigue a los delincuentes de bajo perfil, lo que platea una criminalización de los pobres. Por esto, es tan grave que nuestra universidad no haya tenido un posicionamiento oficial de repudio a la violación de nuestra autonomía, cuando un convoy militar entró al campus de IIT-IADA y dio dos vueltas por el estacionamiento, justo en frente donde un día antes se llevo a cabo un foro contra la militarización. En este Estado de Excepción no declarado, todos los juarenses somos sospechosos de ser criminales, lo que nos vuelve victimas de todo tipo de abusos y vejaciones (las denuncias de tortura sistemática practicadas por los militares, no le piden nada aun campo de concentración Nazi) Y es alarmante que las ejecuciones de supuestos delincuentes sean mezcladas con los asesinatos de gente comprometida en la
formación y dirección del pueblo pobre.
En todo esto, una de las situaciones más graves es la manipulación al que está siendo sometido el grueso de la población desesperada, que al plateársele, como única solución al problema del crimen, la militarización, se ve orillado a aceptar a regañadientes los atropellos y barbaridades de militares y pfp. El argumento de que es la última opción que tenemos para enfrentar al supuesto crimen, se cae por sí solo, ya que el ejército no interviene para parar la ola de ejecuciones y otros crímenes, siempre llega a destiempo o está más preocupado por desarmar a la población que a los delincuentes que dice combatir.
Nuestra autoridades pretenden ganar su supuesta guerra, podando el árbol de crimen, pero tal pareciera que no está contemplado acabar con el problema de raiz, dado que el combate al crimen para ser efectivo debe priorizar el combate a la pobreza que lleva a las puertas de la criminalidad a tanta gente sin educación, ninguneada, desempleada o mal remunerada. Esto no les interesa.


¿Cómo organizarnos frente a la militarización y la impunidad?

Según datos periodísticos hasta julio del 2009 suman 1,125 asesinatos, siendo julio históricamente el mes más violento con 244. De estos asesinatos en el año, 54 fueron feminicidios. En 2008 se registraron poco más de 1600 asesinatos de los cuales 87 fueron feminicidios. El total de denuncias al ejército y la PFP suman 717. El panorama para lo que resta del año apunta a superar el record violento del 2008.
Además siguen sin esclarecerse los asesinatos de los líderes sociales, Géminis Ochoa; Benjamín Le Barón, Luis Whitman y Armando Villarreal Marta, además de los hostigamientos a Cipriana Jurado, y a miembros de la Kasa de Kultura y adherentes de La Otra Campaña vinculados con el caso Lomas de Poleo. Parece un regreso a la “guerra sucia” de la década del setenta del siglo pasado, cuando el Estado perseguía y desaparecía a quienes consideraba enemigos.
Dado el aumento de la violencia a partir de la militarización, vemos como una respuesta urgente y absolutamente necesaria la organización de la sociedad civil para autoprotegerse. Asimismo será necesario establecer redes y lazos de colaboración entre los distintos grupos, organizaciones e individuos(as) comprometidos con la sociedad para fortalecer acciones tendientes a restablecer el Estado de Derecho, la paz y la reestructuración económica. Las dos grandes preocupaciones que nos suman son la inseguridad y la mala economía, concretizadas en la militarización y la depresión económicas que juntas hacen posible la actual crisis en que estamos sumergidos. El Estado, siendo más un obstáculo que un aliado, es necesario a través de nuevas formas de participación política más equitativas reestructurarlo o reemplazarlo para beneficio de la sociedad juarense, chihuahuense y mexicana.
Nuestros fines son pacíficos, sería un error combatir la violencia con más violencia. Queremos reemplazar la cotidianidad de muerte y destrucción económica con alternativas pacíficas de organización, trabajo y seguridad y para ello hacemos uso de la socialización, la asamblea, la autogestión o cualquier otro mecanismo afín cuya meta sea la participación abierta y extensiva de la sociedad en general. La trinchera donde depositamos nuestra lucha es el contacto directo con la gente a través de la palabra, la cultura y las artes, procurando generar conciencia de lo que sucede y cómo se puede participar.
La lucha contra el narcotráfico es un esfuerzo inútil y peligroso, como se ha podido comprobar por las fallidas estrategias bélicas del Estado en sus tres niveles de gobierno si no se tiene además a la sociedad de aliada, de ahí la violación a los derechos fundamentales. Por ello se hace necesaria una participación más directa de la sociedad en el replanteamiento o desaparición de los operativos conjuntos, en la legislación y planeación de la ciudad y nación que deseamos ser, y de manera inmediata en el restablecimiento del Estado de derecho. La militarización de la vida cotidiana no sólo es un peligro para la sociedad, también lo es a la larga para los gobiernos civiles.