El 7 de septiembre de 2009, Felipe Calderón nombró al candidato ideal para continuar con el sistema de injusticia e impunidad que impera en el país: Arturo Chávez Chávez.
Su nombramiento constituye, en principio, una falta al sentido común puesto que su actuación como Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua se caracterizó por la falta de respuesta ante la violación, desaparición y asesinato de cientos de mujeres.
Considerarlo para un puesto de tan alto rango, representa un premio a su mediocridad, su misoginia y a su habilidad para encontrar justificaciones a su ineptitud.
En la página oficial del gobierno federal, se establece que la “Procuraduría General de la República es el órgano del poder Ejecutivo Federal, que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular es el Procurador General de la República, quien preside al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares que son la policía investigadora y los peritos.”
Los valores impuestos en su código de conducta son la legalidad (fiel cumplimiento y respeto a las leyes); la objetividad e imparcialidad (sin intervención de juicios personales o apreciaciones subjetivas, sin concesión de privilegios y bajo un trato no discriminatorio); el profesionalismo (estudio pormenorizado de los asuntos encomendados); la eficacia (uso adecuado de los instrumentos y herramientas de trabajo); la honradez y congruencia (lograr el cumplimiento oportuno y eficaz de nuestras responsabilidades, con respecto a las demandas y exigencias de la sociedad en procuración de justicia); la lealtad (a través del reconocimiento del vínculo con la procuración de justicia derivado de su integración a la Institución, de manera que la fortalezca y proteja con su trabajo diario); la
transparencia (observando claridad en su trabajo y accesibilidad con quienes tengan interés jurídico y legítimo en los asuntos de su competencia, brindando información comprensible y verificable); el respeto de la dignidad humana (respeto irrestricto de las garantías y derechos fundamentales de las personas previstos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte); la solidaridad institucional y colaboración (mediante un actuar copartícipe que contribuya al trabajo en equipo, anteponiendo a cualquier otro, los intereses de la Institución y de la sociedad); la certeza (dotar a la sociedad de certidumbre y seguridad respecto de la actuación que habrán de tener los servidores públicos que intervienen en la procuración de justicia); la prudencia (que los servidores públicos eviten actuar con descuido, ligereza o negligencia); la actitud más aptitud (actitud diligente, asertiva y de servicio hacia la sociedad para aplicar su inteligencia y capacidad creadora, vinculada a la aptitud técnica, legal y moral).
Contrario a los valores que requiere el puesto, el trabajo de Chávez Chávez al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua se caracterizó por la falta de integración de expedientes, la fabricación de culpables, la reticencia de sus declaraciones, la negativa a indagar, la negligencia, la insensibilidad ante el dolor de las madres, la ligereza de sus juicios en los que señaló la vestimenta de las víctimas y su condición social como causantes de su muerte, la impunidad, la falta de atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Llama la atención que Felipe Calderón proponga a un hombre que demostró su ineficacia para resolver los asesinatos de cientos de mujeres. En un momento crítico para el país, donde los asesinatos por la supuesta lucha contra el narco rebasan los 4000, es urgente que la justicia sea igual para todos y todas, donde los asesinatos se resuelvan sin importar la condición social de las víctimas y sin que se cierren los casos alegando “lucha entre bandas”.
Si el Senado ratifica el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República, estará siendo cómplice por omisión del feminicidio que aun está vigente en Ciudad Juárez. Por otro lado, será cómplice de las atrocidades que se cometen día a día en el país, pero que ahora tendrán un orador que las avale y justifique. Su ratificación será, sin lugar a dudas, un grave retroceso en materia de seguridad e impartición de justicia.
En virtud de la injusticia misma que representa este condenable nombramiento, el pasado 14 de septiembre un grupo de madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez convocó a una manifestación pacífica afuera de las instalaciones de la PGR en la ciudad, para pintar cruces negras sobre fondo rosa con la palabra justicia en la barda gris, símbolo que ha representado a las víctimas del feminicidio en esta ciudad.
El delegado estatal de la PGR, Héctor García Rodríguez abrió una averiguación previa contra quien resulte responsable de las pintas que se hicieron, ya que en su opinión "debe de dejarse un precedente para que ya no se vuelvan a presentar este tipo de disturbios que afecte a la institución". No es preciso hacer hincapié que estas madres demandan justicia desde hace 15 años por el cruel asesinato de sus hijas, de los cuales no hubo precedente legal puesto que al día de hoy siguen ocurriendo violaciones y asesinatos contra mujeres.
Como cualquier estado fascista, la protesta social es altamente criminalizada, y la postura de García Rodríguez lo confirma.
Las declaraciones del delegado estatal de la PGR contra manifestantes, deben ser tomadas como una amenaza eminentemente política contra quienes manifiestan ideas diferentes al estado militarizado y violento que parece decidido a no respetar los derechos humanos y los derechos políticos.
Ante este atentado directo contra el derecho a la libre manifestación y como solidaridad ante las madres que reclaman justicia para sus hijas, la Asamblea Ciudadana Juarense rechaza la postura de Héctor García González y le hace una atenta invitación a aclarar los asesinatos a mujeres ocurridos en la época de Arturo Chávez Chávez, además, lo exhorta a trabajar en la resolución de los más de 1600 asesinatos que han ocurrido en esta frontera en los últimos dos años.
Así mismo, se exige al Senado de la República que rechace el nombramiento de Arturo Chávez Chávez, puesto que constituye una burla ante el dolor de cientos de familiares que perdieron a una hija, a una hermana, a una madre, y para quienes la justicia no ha llegado.
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