Pronunciamiento de la Asamblea Ciudadana Juarense, contra el alza a la tarifa del transporte público

La Asamblea Juarense Contra la Militarización rechaza de manera tajante el aumento en un 33% a las tarifas del transporte público. Dicho incremento contraviene a la ley y representa un golpe demoledor a la economía de los más de 800,000 usuarios --en su mayoría trabajadores-- que dependen de este servicio. Este aumento contribuye también a la precarización de la vida de los habitantes de la ciudad, propicia el deterioro del medio ambiente, además de incrementar el riesgo y la inseguridad de las personas y familias que dependen de este medio de transporte de manera cotidiana. Con el aumento al transporte público se lesiona el derecho a una vida digna de lo/as ciudadanos, principalmente de las más vulnerables.

La LEY DE TRANSPORTE Y SUS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO en el ARTÍCULO 1, establece que el servicio de transporte urbano de pasajeros, lo debe proporcionar el Estado directamente ó a través de particulares ó concesionarios, con el fin último de servir a la ciudadanía. Establecido así, el transporte público, no es un negocio, sino un servicio público. Sin embargo, en nuestra ciudad existe una estructura piramidal que promueve el monopolio, eleva los costos y propicia un deficiente servicio de transporte público.

Dentro de esta estructura, son los dueños ó concesionarios miembros de unas cuantas familias, quienes ejercen un control monopólico sobre las placas que permiten la operación de las llamadas ruteras que circulan en la ciudad. Un segundo nivel, dentro de la estructura piramidal del sistema de transporte, lo constituyen los camioneros quienes a su vez rentan las placas que les permiten poner en circulación las unidades de transporte de las cuales son propietarios. Los camioneros son también quienes contratan a los chóferes de las unidades a cambio del pago obligatorio de una cuota. Esta cuota fija despoja a los choferes de un salario digno ya que lo que les queda una vez cubierta la cuota, constituye su salario. La sobre explotación de los choferes y las condiciones laborales que enfrentan propician el pésimo servicio que ofrecen. Un servicio caracterizado por el trato insultante hacia los usuario/as, la renuencia a respetar los descuentos de ley a estudiantes y adultos mayores, y por su impericia frente al volante.

Considerando que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO VI, SEGUNDO PÁRRAFO dice que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”, el aumento a la tarifa del transporte público, lesiona el derecho de los ciudadano/as a una vida digna. En Ciudad Juárez, por ejemplo, son los/as trabajadores, quienes principalmente usan el trasporte público. Considerando que en promedio perciben un salario mínimo de $55 pesos diarios, el gasto en el que incurre un trabajador/a por concepto de transporte representa por lo menos una cuarta parte de su ingreso y puede representar la totalidad de su sueldo en el caso de mantener a una familia de cuatro miembros o más. Debido a que el gasto por el uso del transporte público representa una parte significativa del ingreso familiar de lo/as trabajadores, la Asamblea ve con preocupación la posibilidad real de que quienes habitualmente dependen de este servicio tengan que decidir entre alimentar y vestir a sus hijo/as ó gastar la mayor parte de su salario en llevarlos a la escuela ó a las guarderías para recibir la educación y los cuidados a los que cada ciudadano/a tiene derecho.

Existen en México ejemplos de sistemas de transporte urbano cuyo servicio responde a las necesidades de la población sin transgredir los derechos ciudadanos y la economía familiar. Un ejemplo es el sistema de trasporte público en el Distrito Federal conocido como metro. El metro abarca una extensa red de cobertura por las que lo/as usuarios pagan sólo $2 pesos en recorridos de hasta 30 kilómetros. En Ciudad Juárez, con $6 pesos, la cobertura apenas llega a los 6 kilómetros en promedio. Comparando ambos sistemas de trasporte, el precio que pagan lo/as juarenses es NUEVE veces más costoso que el de los capitalinos.

No obstante que el precio por el uso del transporte público es menor, en el Distrito Federal los usuario/as del metro reciben un servicio digno, relativamente rápido, seguro, y limpio. Además el sistema de transporte público en el Distrito Federal representa una fuente de trabajo para un número importante de personas. En Ciudad Juárez, por el contrario, la tarifa que están obligados a pagar lo/as usuarios no corresponde con el servicio que reciben. En general, las unidades se encuentran en malas condiciones y son altamente contaminantes.

Sí los gobiernos del estado y municipal asumieran su responsabilidad de ofrecer el servicio de transporte, los derechos de los trabajadores de este sector tendrían que ser garantizados creando plazas de trabajo para choferes y así evitar su sobre explotación a costa del lucro de unas cuantas familias que son concesionarias del servicio. Los tratados de comercio internacionales también se podrían hacer efectivos en la compra de tecnología de transporte base en Estados Unidos, en vez de armas para seguir produciendo guerra. Además, siendo México un importante productor de petróleo y siendo Pemex una empresa del Estado, se podrían lograr acuerdos para que contribuyan a la procuración de los recursos financieros necesarios para garantizar la producción de diesel que abarate el costo del transporte.

Los argumentos con los que el gobierno del estado y municipal pretenden justificar la inexistencia de un sistema de trasporte público que satisfaga las necesidades de lo/as ciudadanos son insostenibles. El dinero que se gasta en mantener una infructuosa “guerra contra el crimen”, y los recursos exorbitantes que se destinan en militarizar la ciudad, podrían aplicarse –entre otras cosas—en el desarrollo de un sistema de transporte público eficiente.

Dado el contexto de crisis económica y social que se vive en el país y en Cd. Juárez, la autorización gubernamental al aumento en la tarifa del transporte público representa una renuncia a proteger los Derechos Humanos, pues en la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ARTÍCULO 22., se establece que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

Es claro que conforme a la letra de la Constitución, al espíritu de la Ley de Transporte, y a la exigencia de proteger los Derechos Humanos, así como a la aplicación de criterios lógicos económicos y sociales, el aumento a la tarifa de las ruteras es además de inaceptable, injustificado. En todo caso, el aumento a la tarifa del transporte público, obligará a un gran número de usuario/as y a sus familias a desplazarse de un sitio a otro a pie. Por lo anterior, la Asamblea ve como alarmante el incremento a los niveles de riesgo de lo/as trabajadores y usuario/as que quedarán mayormente expuestos y vulnerables a la violencia que azota las calles de esta ciudad y que agravia de manera cotidiana a los juarenses: asaltos a mano armada, violaciones, y otras agresiones a su integridad física y a la de sus familias. El aumento en los niveles de inseguridad que experimentan los ciudadano/as y el aumento de los índices de pobreza en la población resultarán en más violencia social. Esta última aunada a la violencia criminal que impera, apunta hacia la inviabilidad de nuestra ciudad como un espacio apto para la convivencia humana.

Dado lo anterior, la Asamblea Ciudadana Juarense, exige la revisión inmediata a las tarifas del transporte público y la mejora del servicio que se ofrece. Sí para los concesionarios– el negocio del transporte público no les resulta redituable, entonces el servicio lo debe proporcionar ó subsidiar el Estado al costo. De esa manera se protegerían los derechos de la ciudadanía y se brindará el servicio que merecemos, a la altura de la ciudad progresista y pujante que lo/as trabajadores construimos a diario.