EN REPUDIO A LA MASACRE DEL 2 DE OCTUBRE

La Comunidad Estudiantil te invita a recordar esta fecha

Panel sobre le 68
Miércoles 30 de septiembre
5-7 PM
Macroaula 2 de IIT-UACJ

Documental: Las claves de la masacre
Jueves 1 de octubre
10 AM
Aula Armando B. Chávez ICSA-UACJ

Foro: Lucha y autonomía universitaria
Jueves 1 de octubre
11 AM
Aula: Armando B. Chávez ICSA-UACJ
Comité Universitario de Izquierda

Evento político cultural en memoria de las victimas de Tlatelolco
Viernes 2 de octubre
4 PM
Plaza Misión de Guadalupe (Av. Ferrocarril y Vicente Guerrero)
Percutor, El Cántaro, La Otra Edad, La Oveja Negra, poesía, malabares con fuego, videos, discursos y más
Comunidad Estudiantil y Asamblea Ciudadana Juarense

Pronunciamiento de la Asamblea Ciudadana Juarense contra la ratificación de Arturo Chávez Chávez, como Procurador General de la República.

El 7 de septiembre de 2009, Felipe Calderón nombró al candidato ideal para continuar con el sistema de injusticia e impunidad que impera en el país: Arturo Chávez Chávez.

Su nombramiento constituye, en principio, una falta al sentido común puesto que su actuación como Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua se caracterizó por la falta de respuesta ante la violación, desaparición y asesinato de cientos de mujeres.

Considerarlo para un puesto de tan alto rango, representa un premio a su mediocridad, su misoginia y a su habilidad para encontrar justificaciones a su ineptitud.

En la página oficial del gobierno federal, se establece que la “Procuraduría General de la República es el órgano del poder Ejecutivo Federal, que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular es el Procurador General de la República, quien preside al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares que son la policía investigadora y los peritos.”

Los valores impuestos en su código de conducta son la legalidad (fiel cumplimiento y respeto a las leyes); la objetividad e imparcialidad (sin intervención de juicios personales o apreciaciones subjetivas, sin concesión de privilegios y bajo un trato no discriminatorio); el profesionalismo (estudio pormenorizado de los asuntos encomendados); la eficacia (uso adecuado de los instrumentos y herramientas de trabajo); la honradez y congruencia (lograr el cumplimiento oportuno y eficaz de nuestras responsabilidades, con respecto a las demandas y exigencias de la sociedad en procuración de justicia); la lealtad (a través del reconocimiento del vínculo con la procuración de justicia derivado de su integración a la Institución, de manera que la fortalezca y proteja con su trabajo diario); la

transparencia (observando claridad en su trabajo y accesibilidad con quienes tengan interés jurídico y legítimo en los asuntos de su competencia, brindando información comprensible y verificable); el respeto de la dignidad humana (respeto irrestricto de las garantías y derechos fundamentales de las personas previstos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte); la solidaridad institucional y colaboración (mediante un actuar copartícipe que contribuya al trabajo en equipo, anteponiendo a cualquier otro, los intereses de la Institución y de la sociedad); la certeza (dotar a la sociedad de certidumbre y seguridad respecto de la actuación que habrán de tener los servidores públicos que intervienen en la procuración de justicia); la prudencia (que los servidores públicos eviten actuar con descuido, ligereza o negligencia); la actitud más aptitud (actitud diligente, asertiva y de servicio hacia la sociedad para aplicar su inteligencia y capacidad creadora, vinculada a la aptitud técnica, legal y moral).

Contrario a los valores que requiere el puesto, el trabajo de Chávez Chávez al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua se caracterizó por la falta de integración de expedientes, la fabricación de culpables, la reticencia de sus declaraciones, la negativa a indagar, la negligencia, la insensibilidad ante el dolor de las madres, la ligereza de sus juicios en los que señaló la vestimenta de las víctimas y su condición social como causantes de su muerte, la impunidad, la falta de atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Llama la atención que Felipe Calderón proponga a un hombre que demostró su ineficacia para resolver los asesinatos de cientos de mujeres. En un momento crítico para el país, donde los asesinatos por la supuesta lucha contra el narco rebasan los 4000, es urgente que la justicia sea igual para todos y todas, donde los asesinatos se resuelvan sin importar la condición social de las víctimas y sin que se cierren los casos alegando “lucha entre bandas”.

Si el Senado ratifica el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República, estará siendo cómplice por omisión del feminicidio que aun está vigente en Ciudad Juárez. Por otro lado, será cómplice de las atrocidades que se cometen día a día en el país, pero que ahora tendrán un orador que las avale y justifique. Su ratificación será, sin lugar a dudas, un grave retroceso en materia de seguridad e impartición de justicia.

En virtud de la injusticia misma que representa este condenable nombramiento, el pasado 14 de septiembre un grupo de madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez convocó a una manifestación pacífica afuera de las instalaciones de la PGR en la ciudad, para pintar cruces negras sobre fondo rosa con la palabra justicia en la barda gris, símbolo que ha representado a las víctimas del feminicidio en esta ciudad.

El delegado estatal de la PGR, Héctor García Rodríguez abrió una averiguación previa contra quien resulte responsable de las pintas que se hicieron, ya que en su opinión "debe de dejarse un precedente para que ya no se vuelvan a presentar este tipo de disturbios que afecte a la institución". No es preciso hacer hincapié que estas madres demandan justicia desde hace 15 años por el cruel asesinato de sus hijas, de los cuales no hubo precedente legal puesto que al día de hoy siguen ocurriendo violaciones y asesinatos contra mujeres.

Como cualquier estado fascista, la protesta social es altamente criminalizada, y la postura de García Rodríguez lo confirma.

Las declaraciones del delegado estatal de la PGR contra manifestantes, deben ser tomadas como una amenaza eminentemente política contra quienes manifiestan ideas diferentes al estado militarizado y violento que parece decidido a no respetar los derechos humanos y los derechos políticos.

Ante este atentado directo contra el derecho a la libre manifestación y como solidaridad ante las madres que reclaman justicia para sus hijas, la Asamblea Ciudadana Juarense rechaza la postura de Héctor García González y le hace una atenta invitación a aclarar los asesinatos a mujeres ocurridos en la época de Arturo Chávez Chávez, además, lo exhorta a trabajar en la resolución de los más de 1600 asesinatos que han ocurrido en esta frontera en los últimos dos años.

Así mismo, se exige al Senado de la República que rechace el nombramiento de Arturo Chávez Chávez, puesto que constituye una burla ante el dolor de cientos de familiares que perdieron a una hija, a una hermana, a una madre, y para quienes la justicia no ha llegado.

IMPORTANTE: Repudio en la PGR a Madres de víctimas de feminicidios.

Por Alfredo Limas Hernandez
14 de Sep 2009

Hoy lunes 14 se realizó el acto de familias de victimas y gente de organismos solidarios con ellas. Fue en la megabandera. Por la manana se elaboró una manta que se montaría en las afueras de la pgr en Juarez, con una celebración de la Palabra con lecturas de Salmos que claman justicia y acto seguido se realizó la instalación de una cruz rosa como memorial y desgravio de las ofenfas a las victimas de feminicidio.
Luego se acudió a la PGR en donde se iba a entregar una carta con el contenido del documento que se entregó a la Presidencia de la Republica en uso del derecho de peticion para requerir que se retire la nominación de Arturo Chávez Chávez como Procurador de la República. Dado que se conoció la información de que no habrá atención del Senado al tema hasta la próxima semana, se omitió esto y se procedió a una pinta de cruces en las murallas de la PGR, como memorial a las víctimas y manifiesta protesta ante la postulación de Arturo Chávez Ch. Y fue una amenaza y un agravio a la dignidad lo que tuvieron que padecer las madres presentes y sus amigas y amigos solidarios. El Delegado de la PGR, Héctor García Rodríguez, salió a decir que era demasiado. Que a las madres "ya les aceptó sus cruces, sus marchas, sus presencias" ... que ya no más. Que había dañado la propiedad privada. Las madres le tuvieron que indicar que las muralles de la PGR no eran de propiedad privada sino propiedad de la nación y que nosotros y nosotras somos también la nación. Esa nación en que la autoridad las minoriza y violenta sus derechos, que no las tolera, como si toleró los crímenes a sus hijas y sus familias, los raptos y cautiverios padecidos por las jóvenes, las violencias y los asesinatos y desapariciones sufridas.

Eso si se tolera, las presencias dignas de las madres no. La amenaza fue frontal, con harto enojo del delegado. Las madres de las víctimas, con sus manos pintadas de rosa por pintar las emblemáticas cruces negras con el fondo rosa, estaban ahi: Josefina e Irma, demandantes ante la Corte Interamericana (Benita como sabemos tiene asilo político en los Estados Unidos), estaban doña Soledad, doña Eva, Ana María, Ana Isabel, entre otras. A todas las amenazó el "señor delegado". Y todas lo confrontaron. Le dijeron que así de bravo debió actuar la autoridad para defender los derechos de sus hijas y actuar contra los criminales. En la manifestación pacífica, no se dañaron las instalaciones, no se faltó al respeto a nadie, y la barda luce dignas cruces negras sobre el fondo rosa. Se ve imponente. Ahora la amenaza de que las madres derechohumanistras sean tomadas presas por una orden de un juez federal es una más a su lista de agravios. Si las han humillado tanto, torturado psicológicamente, quizá sólo falta que las apresen.... y a mucha gente con ellas. Nos intimidaban tomando fotos, anotando en sus libretitas diligentes, mirándonos con enojo...

Les pedimos divulgar esto. Actuar. Solidaridarse. Escribir cartas a los medios. En especial, a los juarense y a la Presidencia de la República. ¿No tienen las madres derecho a actos memoriales y desagravios en nombre de sus víctimas? En su caso, no será la primera vez que en Chihuahua se aprese a activistas de los derechos humanos.

Publicado por PePe.

Pronunciamiento de la Asamblea Ciudadana Juarense, contra el alza a la tarifa del transporte público

La Asamblea Juarense Contra la Militarización rechaza de manera tajante el aumento en un 33% a las tarifas del transporte público. Dicho incremento contraviene a la ley y representa un golpe demoledor a la economía de los más de 800,000 usuarios --en su mayoría trabajadores-- que dependen de este servicio. Este aumento contribuye también a la precarización de la vida de los habitantes de la ciudad, propicia el deterioro del medio ambiente, además de incrementar el riesgo y la inseguridad de las personas y familias que dependen de este medio de transporte de manera cotidiana. Con el aumento al transporte público se lesiona el derecho a una vida digna de lo/as ciudadanos, principalmente de las más vulnerables.

La LEY DE TRANSPORTE Y SUS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO en el ARTÍCULO 1, establece que el servicio de transporte urbano de pasajeros, lo debe proporcionar el Estado directamente ó a través de particulares ó concesionarios, con el fin último de servir a la ciudadanía. Establecido así, el transporte público, no es un negocio, sino un servicio público. Sin embargo, en nuestra ciudad existe una estructura piramidal que promueve el monopolio, eleva los costos y propicia un deficiente servicio de transporte público.

Dentro de esta estructura, son los dueños ó concesionarios miembros de unas cuantas familias, quienes ejercen un control monopólico sobre las placas que permiten la operación de las llamadas ruteras que circulan en la ciudad. Un segundo nivel, dentro de la estructura piramidal del sistema de transporte, lo constituyen los camioneros quienes a su vez rentan las placas que les permiten poner en circulación las unidades de transporte de las cuales son propietarios. Los camioneros son también quienes contratan a los chóferes de las unidades a cambio del pago obligatorio de una cuota. Esta cuota fija despoja a los choferes de un salario digno ya que lo que les queda una vez cubierta la cuota, constituye su salario. La sobre explotación de los choferes y las condiciones laborales que enfrentan propician el pésimo servicio que ofrecen. Un servicio caracterizado por el trato insultante hacia los usuario/as, la renuencia a respetar los descuentos de ley a estudiantes y adultos mayores, y por su impericia frente al volante.

Considerando que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO VI, SEGUNDO PÁRRAFO dice que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”, el aumento a la tarifa del transporte público, lesiona el derecho de los ciudadano/as a una vida digna. En Ciudad Juárez, por ejemplo, son los/as trabajadores, quienes principalmente usan el trasporte público. Considerando que en promedio perciben un salario mínimo de $55 pesos diarios, el gasto en el que incurre un trabajador/a por concepto de transporte representa por lo menos una cuarta parte de su ingreso y puede representar la totalidad de su sueldo en el caso de mantener a una familia de cuatro miembros o más. Debido a que el gasto por el uso del transporte público representa una parte significativa del ingreso familiar de lo/as trabajadores, la Asamblea ve con preocupación la posibilidad real de que quienes habitualmente dependen de este servicio tengan que decidir entre alimentar y vestir a sus hijo/as ó gastar la mayor parte de su salario en llevarlos a la escuela ó a las guarderías para recibir la educación y los cuidados a los que cada ciudadano/a tiene derecho.

Existen en México ejemplos de sistemas de transporte urbano cuyo servicio responde a las necesidades de la población sin transgredir los derechos ciudadanos y la economía familiar. Un ejemplo es el sistema de trasporte público en el Distrito Federal conocido como metro. El metro abarca una extensa red de cobertura por las que lo/as usuarios pagan sólo $2 pesos en recorridos de hasta 30 kilómetros. En Ciudad Juárez, con $6 pesos, la cobertura apenas llega a los 6 kilómetros en promedio. Comparando ambos sistemas de trasporte, el precio que pagan lo/as juarenses es NUEVE veces más costoso que el de los capitalinos.

No obstante que el precio por el uso del transporte público es menor, en el Distrito Federal los usuario/as del metro reciben un servicio digno, relativamente rápido, seguro, y limpio. Además el sistema de transporte público en el Distrito Federal representa una fuente de trabajo para un número importante de personas. En Ciudad Juárez, por el contrario, la tarifa que están obligados a pagar lo/as usuarios no corresponde con el servicio que reciben. En general, las unidades se encuentran en malas condiciones y son altamente contaminantes.

Sí los gobiernos del estado y municipal asumieran su responsabilidad de ofrecer el servicio de transporte, los derechos de los trabajadores de este sector tendrían que ser garantizados creando plazas de trabajo para choferes y así evitar su sobre explotación a costa del lucro de unas cuantas familias que son concesionarias del servicio. Los tratados de comercio internacionales también se podrían hacer efectivos en la compra de tecnología de transporte base en Estados Unidos, en vez de armas para seguir produciendo guerra. Además, siendo México un importante productor de petróleo y siendo Pemex una empresa del Estado, se podrían lograr acuerdos para que contribuyan a la procuración de los recursos financieros necesarios para garantizar la producción de diesel que abarate el costo del transporte.

Los argumentos con los que el gobierno del estado y municipal pretenden justificar la inexistencia de un sistema de trasporte público que satisfaga las necesidades de lo/as ciudadanos son insostenibles. El dinero que se gasta en mantener una infructuosa “guerra contra el crimen”, y los recursos exorbitantes que se destinan en militarizar la ciudad, podrían aplicarse –entre otras cosas—en el desarrollo de un sistema de transporte público eficiente.

Dado el contexto de crisis económica y social que se vive en el país y en Cd. Juárez, la autorización gubernamental al aumento en la tarifa del transporte público representa una renuncia a proteger los Derechos Humanos, pues en la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ARTÍCULO 22., se establece que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

Es claro que conforme a la letra de la Constitución, al espíritu de la Ley de Transporte, y a la exigencia de proteger los Derechos Humanos, así como a la aplicación de criterios lógicos económicos y sociales, el aumento a la tarifa de las ruteras es además de inaceptable, injustificado. En todo caso, el aumento a la tarifa del transporte público, obligará a un gran número de usuario/as y a sus familias a desplazarse de un sitio a otro a pie. Por lo anterior, la Asamblea ve como alarmante el incremento a los niveles de riesgo de lo/as trabajadores y usuario/as que quedarán mayormente expuestos y vulnerables a la violencia que azota las calles de esta ciudad y que agravia de manera cotidiana a los juarenses: asaltos a mano armada, violaciones, y otras agresiones a su integridad física y a la de sus familias. El aumento en los niveles de inseguridad que experimentan los ciudadano/as y el aumento de los índices de pobreza en la población resultarán en más violencia social. Esta última aunada a la violencia criminal que impera, apunta hacia la inviabilidad de nuestra ciudad como un espacio apto para la convivencia humana.

Dado lo anterior, la Asamblea Ciudadana Juarense, exige la revisión inmediata a las tarifas del transporte público y la mejora del servicio que se ofrece. Sí para los concesionarios– el negocio del transporte público no les resulta redituable, entonces el servicio lo debe proporcionar ó subsidiar el Estado al costo. De esa manera se protegerían los derechos de la ciudadanía y se brindará el servicio que merecemos, a la altura de la ciudad progresista y pujante que lo/as trabajadores construimos a diario.

Viernes, 6:00 PM, kiosco del Parque Borunda

Compañer@s:

Les informamos que la reunión de la Asamblea Ciudadana Juarense, será el próximo viernes a las 6:00 PM, en el kiosco del Parque Borunda en Ciudad Juárez.

Foro Celebrando las Luchas Sociales en Ciudad Juarez

DOCUMENTO CREADO POR LA ASAMBLEA CIUDADANA JUARENCE Y EXPUESTO EN EL FORO.

Compañeros, amigos todos.

La Asamblea Ciudadana Juarense, a la cual representamos en este foro, agradece el espacio otorgado para presentarnos ante ustedes exponiendo las demandas que nos unifican como asamblea y desarrollando un análisis de la problemática a la que nos enfrentamos.

Somos un grupo plural que nos conformamos el día 6 de junio a partir de la convocatoria hecha en la marcha “Todos Somos Manuel” llevada a cabo el día 3 de junio del año en curso. Nuestro grupo nace a partir de las protestas por el asesinato del Dr. Manuel Arroyo Galván, catedrático de esta universidad, enarbolando las siguientes demandas: a) El esclarecimiento de los asesinatos de los maestros Manuel Arroyo y Gerardo González Guerrero. b) La aparición de nuestras compañeras universitarias Lidia Ramos Mancha y Mónica Alanís Esparza, asi como el esclarecimiento de los asesinatos de nuestros compañeros universitarios Jaime Irigoyen y c) El restablecimiento del ESTADO DE DERECHO y d) Un cambio en la política de seguridad, estableciéndose un énfasis social y no policiaco-militar.

Esta asamblea ciudadana ha recogido las experiencias de otras luchas contra la militarización y la impunidad en nuestra ciudad y se ha sumado, activamente, a las demandas de nuestra comunidad: informando, organizando, demandando y ofreciendo alternativas de solución al grave problema de inseguridad que vivimos los juarenses, dado el fracaso rotundo del Operativo Conjunto Chihuahua articulado por los tres niveles de gobierno.

Nuestro análisis es el siguiente:
A partir de noviembre de 2007, se recrudece la crisis de Seguridad Pública (que ya vivíamos los juarenses) a tal grado, que de ese mes a marzo del 2008 se da un promedio diario de 2 asesinatos sangrientos en la ciudad. Argumentando este aumento evidente de la violencia, atribuido al crimen organizado, el día último de marzo de 2008, son enviados al estado de Chihuahua miles de soldados y Policías Federales (que a la fecha rondan los 10,000 efectivos), articulados en el Operativo Conjunto Chihuahua. Desde su llegada el promedio de asesinatos, no sólo no disminuyó, sino aumentó a más de 5 ejecuciones diarias, y, a la fecha, el promedio sigue en aumento y ronda, en estos dos últimos meses, las 10 ejecusiones diarias. Además, ya con la presencia del OCCH, comenzaron en la ciudad una ola de extorsiones, secuestros, masacres perpetradas por comandos paramilitares, violaciones reiteradas a los derechos humanos (cateos arbitrarios, levantones, retenes, etc.), hostigamiento y asesinato de luchadores sociales y un alarmante incremento del número de mujeres desaparecidas, que tiene al grueso de la comunidad en Shock.

Ciudad Juárez ha sido históricamente, desde finales del siglo xix, un lugar privilegiado para los grandes tráficos. Esta situación ha determinado que se viva una constante violencia en la frontera, relacionada con los negocios del narcotráfico hacia Estados Unidos, el principal consumidor de drogas en el mundo. El narcotráfico por un lado, un crecimiento acelerado y desordenado por otro y la falta de una política social enfocada a proveer de servicios a los miles de migrantes que llegan en busca de trabajo a esta frontera, han generado capítulos amargos de violencia contra la población más vulnerable, teniendo como ejemplo máximo el triste caso de los feminicidios.

Para poder entender el recrudecimiento de la crisis de violencia y el estado de terror que padecemos en nuestra ciudad, consideramos que es necesario explicar el contexto de crisis general en que se encuentra actualmente el mundo, ver como ésta se desarrolla en nuestro país y así poder evidenciar el fracaso de las políticas de gobierno para enfrentarla, como es el caso del OCCh.

Actualmente el capitalismo global atraviesa una profunda crisis sistémica. Lo más evidente de esta crisis, se expresa en su vertiente económica que afecta a las principales industrias del planeta. En un mundo de economía globalizada, la crisis afecta en mayor medida a los países subdesarrollados, como el nuestro, donde los organismos internacionales han reconocido que México será unos de los mayores afectados. Estados Unidos, nuestro vecino hoy en crisis, el principal promotor del capitalismo neoliberal a nivel global, es el líder de una política imperial militarista que se ha venido expandiendo a partir de los atentados del 9-11 de 2001 con el objetivo de hacerse del control de las zonas que considera estratégicas para sus intereses (Irak, Afganistán, Colombia, Honduras). No obstante que el pueblo norteamericano ha castigado en las últimas elecciones la política genocida y ultraderechista de George W. Bush, eligiendo un moderado demócrata (Barack Obama), el gobierno de Estados Unidos está más determinado por sus intereses económicos y políticos transnacionales que por el estilo particular de su gobernante. Lo anterior lo demuestra la postura ambigua que Obama ha tomado frente al condenable golpe de Estado en Honduras. En este contexto, brevemente desarrollado, se comienza hablar de un Estado Fallido Mexicano con las claras intenciones de proseguir y profundizar el intervencionismo militar norteamericano en nuestro país, con el argumento cantado de que frente a la incompetencia de nuestras autoridades en su supuesta guerra contra el crimen, se requiere el apoyo intervencionista de nuestro vecino del norte. (caso Lebaron)

También en este contexto, Felipe Calderón, presidente de facto neoliberal y proimperialista declara una supuesta guerra contra el crimen, que le sirve de argumento para sacar al ejército de los cuarteles y militarizar de manera anticonstitucional el país. Si comprendemos que la militarización está engranada a los intereses de las oligarquías nacionales e internacionales veremos que ésta responde en primer lugar a la necesidad de contener, ante la gravedad de la crisis, las protestas sociales inminentes de un México que padece desempleo y hambre en constante aumento, segundo, que se trata de alinear militarmente a través del ejército y la corrupta PFP, al jugoso negocio del narcotráfico, que es de BILLONES de dólares, en una sola mafia que mantenga la complicidad con los gobiernos de México y Estados Unidos, porque no se trataría de acabar con el negocio del narcotráfico, sino “modernizarlo”; y, así mismo, la política de militarización y “guerra contra el crimen” le permite a Calderón buscar obtener algo de legitimidad que no gano en las elecciones.

Es importante tener presente que en junio del 2008, se firma el llamado Plan Mérida entre México y Estados Unidos, un plan de cooperación militar que busca la intervención del ejército de Estados Unidos en México, Plan articulado con anterioridad por los gobiernos de George W. Bush y Vicente Fox. La entrada en vigor del Plan Mérida, en medio de la llamada guerra contra el crimen, muestra que ésta encuadra en una política militarista regional en Latinoamérica impulsada por Estados Unidos, para contener el avance del movimiento popular en el continente, surgido a partir de la crisis económica y social, saldo de años de las políticas neoliberal. El Plan Mérida es una réplica del llamado Plan Colombia que militarizó ese país, con su estela de asesinatos impunes, principalmente de luchadores sociales; donde el presidente Álvaro Uribe es denunciado como un jefe paramilitar y que usa al ejército de Colombia para intervenir en la zona de Sudamérica y donde a final de cuantas el tráfico de cocaína no se ha detenido.

La clase política en el estado de Chihuahua, en particular la de Ciudad Juárez, ha pedido activamente la colombianización del estado, sin reparar en los saldos negativos que, en materia de derechos humanos, hay en el país sudamericano a partir del Plan Colombia y la pérdida de soberanía que significaría la intromisión más directa de las fuerzas militares estadounidenses en México. La militarización del estado de Chihuahua y en particular en Ciudad Juárez, no solamente no han detenido el crimen, al contrario, el crimen se enseñorea en nuestras calles, son múltiples las ejecuciones que suceden todos los días en medio de una ciudad vigilada por soldados fuertemente armados y donde no se han registrado enfrentamientos significativos entre el ejército y las llamadas fuerzas del crimen.

En nuestra ciudad, tal pareciera que se desarrolla una política de terror planificado, todos los días nos bombardean con noticias terroríficas, donde se transmiten en vivo ejecutados, que son dados por narcos a priori, y donde nunca detienen a los sicarios. Las autoridades tienen el descaro de hablar de defensa de la legalidad, cuando la presencia de los militares violenta el marco jurídico que ellos mismos han legislado y jurado respetar. El cinismo es tal, que se atreven a declarar que todo va bien, que vamos ganando “la batalla” mientras los juarenses nos enfrentamos atemorizados diariamente a la inseguridad, a la impunidad, que ellos ven desde sus oficinas en el centro del país, o el colmo, desde El Paso Tx.

Estamos convencidos de que la supuesta guerra contra el narcotráfico es solo un pretexto para militarizar y suspender las garantías individuales de la población con el fin de contener las posibles manifestaciones en repudio a las políticas económicas que están agravando la crisis en desarrollo. Es muy sospechoso que las redes de lavado de dinero del narco estén intactas, que la enorme cantidad de empresarios y políticos corruptos ligados al crimen no sean ni siquiera molestados. En esta guerra solo se persigue a los delincuentes de bajo perfil, lo que platea una criminalización de los pobres. Por esto, es tan grave que nuestra universidad no haya tenido un posicionamiento oficial de repudio a la violación de nuestra autonomía, cuando un convoy militar entró al campus de IIT-IADA y dio dos vueltas por el estacionamiento, justo en frente donde un día antes se llevo a cabo un foro contra la militarización. En este Estado de Excepción no declarado, todos los juarenses somos sospechosos de ser criminales, lo que nos vuelve victimas de todo tipo de abusos y vejaciones (las denuncias de tortura sistemática practicadas por los militares, no le piden nada aun campo de concentración Nazi) Y es alarmante que las ejecuciones de supuestos delincuentes sean mezcladas con los asesinatos de gente comprometida en la

formación y dirección del pueblo pobre.

En todo esto, una de las situaciones más graves es la manipulación al que está siendo sometido el grueso de la población desesperada, que al plateársele, como única solución al problema del crimen, la militarización, se ve orillado a aceptar a regañadientes los atropellos y barbaridades de militares y pfp. El argumento de que es la última opción que tenemos para enfrentar al supuesto crimen, se cae por sí solo, ya que el ejército no interviene para parar la ola de ejecuciones y otros crímenes, siempre llega a destiempo o está más preocupado por desarmar a la población que a los delincuentes que dice combatir.

Nuestra autoridades pretenden ganar su supuesta guerra, podando el árbol de crimen, pero tal pareciera que no está contemplado acabar con el problema de raiz, dado que el combate al crimen para ser efectivo debe priorizar el combate a la pobreza que lleva a las puertas de la criminalidad a tanta gente sin educación, ninguneada, desempleada o mal remunerada. Esto no les interesa.

¿Cómo organizarnos frente a la militarización y la impunidad?

Según datos periodísticos hasta julio del 2009 suman 1,125 asesinatos, siendo julio históricamente el mes más violento con 244. De estos asesinatos en el año, 54 fueron feminicidios. En 2008 se registraron poco más de 1600 asesinatos de los cuales 87 fueron feminicidios. El total de denuncias al ejército y la PFP suman 717. El panorama para lo que resta del año apunta a superar el record violento del 2008.

Además siguen sin esclarecerse los asesinatos de los líderes sociales, Géminis Ochoa; Benjamín Le Barón, Luis Whitman y Armando Villarreal Marta, además de los hostigamientos a Cipriana Jurado, y a miembros de la Kasa de Kultura y adherentes de La Otra Campaña vinculados con el caso Lomas de Poleo. Parece un regreso a la “guerra sucia” de la década del setenta del siglo pasado, cuando el Estado perseguía y desaparecía a quienes consideraba enemigos.

Dado el aumento de la violencia a partir de la militarización, vemos como una respuesta urgente y absolutamente necesaria la organización de la sociedad civil para autoprotegerse. Asimismo será necesario establecer redes y lazos de colaboración entre los distintos grupos, organizaciones e individuos(as) comprometidos con la sociedad para fortalecer acciones tendientes a restablecer el Estado de Derecho, la paz y la reestructuración económica. Las dos grandes preocupaciones que nos suman son la inseguridad y la mala economía, concretizadas en la militarización y la depresión económicas que juntas hacen posible la actual crisis en que estamos sumergidos. El Estado, siendo más un obstáculo que un aliado, es necesario a través de nuevas formas de participación política más equitativas reestructurarlo o reemplazarlo para beneficio de la sociedad juarense, chihuahuense y mexicana.

Nuestros fines son pacíficos, sería un error combatir la violencia con más violencia. Queremos reemplazar la cotidianidad de muerte y destrucción económica con alternativas pacíficas de organización, trabajo y seguridad y para ello hacemos uso de la socialización, la asamblea, la autogestión o cualquier otro mecanismo afín cuya meta sea la participación abierta y extensiva de la sociedad en general. La trinchera donde depositamos nuestra lucha es el contacto directo con la gente a través de la palabra, la cultura y las artes, procurando generar conciencia de lo que sucede y cómo se puede participar.

La lucha contra el narcotráfico es un esfuerzo inútil y peligroso, como se ha podido comprobar por las fallidas estrategias bélicas del Estado en sus tres niveles de gobierno si no se tiene además a la sociedad de aliada, de ahí la violación a los derechos fundamentales. Por ello se hace necesaria una participación más directa de la sociedad en el replanteamiento o desaparición de los operativos conjuntos, en la legislación y planeación de la ciudad y nación que deseamos ser, y de manera inmediata en el restablecimiento del Estado de derecho. La militarización de la vida cotidiana no sólo es un peligro para la sociedad, también lo es a la larga para los gobiernos civiles.

La Asamblea Ciudadana Juarense

Cuando los acontecimientos anómicos rebasan la cotidianidad para, irónicamente, convertirse en cotidianos, es momento de reflexionar, tomar conocimiento de lo que está sucediendo y buscar soluciones a las crisis actuales y por venir. Los actuales tiempos violentos de Ciudad Juárez se están convirtiendo poco a poco en algo cotidiano, el miedo en enojo y la crisis económica en caldo de cultivo para la proliferación de la violencia; el Estado está rebasado desde hace tiempo, sólo que hoy vemos en plenitud el grado de su descomposición. En este contexto nace la Asamblea Ciudadana Juarense (ACJ).

Carlos Murillo G.

El asesinato del doctor Manuel Arroyo Galván, sociólogo investigador de la UACJ, a finales de mayo, fue un detonador para la conformación de dicha asamblea; la iniciativa universitaria por encontrar justicia para Manuel, Gerardo González Guerrero y Alejandro Irigoyen, además de la aparición de Lidia Ramos Mancha y Mónica Alanís Esparza, todos y todas universitarios, desemboca en una convocatoria más amplia que alcanza a otros actores sociales de la ciudad, además de la comunidad universitaria.

Desde junio y a partir de la marcha “Todos somos Manuel”, se crea la ACJ sosteniendo reuniones de trabajo, comisiones, eventos político-culturales y obviamente asambleas. No hay un establecimiento fijo, cualquier parque o espacio público es bueno para llevar a cabo las asambleas; tampoco hay requisito de entrada: todas y todos son bienvenidos, tienen voz y voto y sobre todo, tareas a realizar; cada quien participa como puede en la medida de su tiempo, economía e imaginación. Desde entonces, se ha volanteado por la ciudad, organizado eventos en el Centro Histórico y el suroriente; escuchado y recogido opiniones y denuncias de muchas personas víctimas de la violencia, así como apoyado tareas de otras organizaciones y frentes a fines.

Sin embargo la violencia no cesa y otras muertes, como la de Géminis Ochoa, líder de las y los vendedores ambulantes del centro, nos deja muy claro que persiste la criminalización de las luchas sociales, las cuales no son bien vistas por el Estado. Otros compañeros como Cipriana Jurado y La Kasa de Kultura, han sido hostigados en el pasado reciente (2008) por supuestos agentes federales. Otros asesinatos como el de Armando Villarreal Marta (2008) Benjamín Le Barón y Luis Whitman (2009) en el noroeste del estado, tampoco esclarecidos, nos avisan de la peligrosidad de estar en medio de una verdadera guerra donde simplemente como ciudadanos(as) no se tiene garantía de ningún tipo por parte del Estado.

Más alarmante aún es el letargo de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas viviendo en la enajenación económica, educativa y de salud; en el desempleo, preocupados(as) por no perder el trabajo o encontrar uno, estresados(as) por la inseguridad pública. Pero también enfermos(as) física y psicológicamente por la enajenación cultural-política: televisión, alcohol, internet, comida chatarra y fútbol. Esta forma de despolitización tiene un ingrediente fatal en la renuncia ciudadana a asumir cualquier tipo de responsabilidad que tenga que ver con la esfera pública, el resultado es la enajenación individualista-egoísta: mi vida es mi vida y que se jodan los demás mientras a mí no me afecte, porque además, este tipo de no acción es ideal para mantener a una sociedad dividida, débil y a modo para el Estado.

No estamos muy lejos del trato que desde siempre se la ha dado hasta el presente al indígena, el verdadero dueño de la tierra que pisamos, sólo que ahora no es el sistema de castas el que rige, sino el de clase social: para las élites todo para la sociedad las sobras. Este tipo de comportamiento político va a continuar si la sociedad y la ciudadanía se siguen manteniendo al margen de la política, dejándose abusar y quejándose inútilmente de su suerte. No se trata de hacerse igual que los políticos ni de rechazar por obvias razones su conducta, sino de hacer uso del poder que como sociedad y ciudadanía se tiene: el poder de mantener o cambiar la forma de organización social que más nos convenga.

La ACJ está todavía en un proceso embrionario, sus alcances son limitados, pero espera tener respaldo y ser inspiración para otros movimientos de la sociedad, así como de seguir visitando y conociendo la realidad particular de los distintos lugares de la ciudad, donde el reflejo de la violencia hace posible empatar sentimientos de malestar, miedo, enojo y tristeza, pero también de justicia, paz, libertad, equidad e igualdad. El trabajo es arduo, hay que aprender a expresarse y escuchar; a discutir y llegar a acuerdos, a exigir y dar; en otras palabras, por las mismas condiciones de alienación que por décadas hemos sufrido como sociedad, actualmente es un verdadero reto socializar: intentamos generar y recuperar la confianza en el otro; recuperar la sensatez y dominar el miedo; ser empáticos y congruente, imaginativos y creativos.

Las asambleas son una forma de organización y participación sociológica para alcanzar un fin, pero también para reforzar los lazos de solidaridad y convivencia. Se utiliza en la religión, la ciencia, la economía y la política, pero también tiene uso en la familia, con las amistades, la escuela y la milicia. Procura el consenso o en su defecto, la democracia; se trata de una combinación de igualdad y libertad en términos de equidad para cada uno de sus participantes. Están cordialmente invitados a sumarse a la ACJ en contra de la militarización, a formar nuevas asambleas o bien a solicitarnos asesoría gratuita para tales fines, visítenos en: http://noalamilitarizacion.blogspot.com

Carlos Murillo González

carmugo@hotmail.com

Foro Celebrando las luchas sociales en Ciudad Juárez

lo invitamos al FORO Celebrando las luchas sociales en Ciudad Juárez El cual se realizará en homenaje a nuestro compañero, Manuel Arroyo. El evento se llevará a cabo el 6 de agosto en el audiovisual del edificio “V” en las instalaciones de ICSA-UACJ, desde las 10:00 hrs. hasta las 19:00 hrs. En el Foro, la Asamblea Ciudadana Juarense, presentará una ponencia, de análisis político y social, de la situación violenta que se vive en la región, clarificando las demandas que el movimiento ha venido sosteniendo: ¡No queremos militarización! ¡No queremos impunidad! ¡Queremos justicia! ¡Queremos paz!

A la comunidad en general

Desde la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, dispuesto por los gobiernos federal, estatal y municipal, la violencia en nuestra ciudad no solamente no ha disminuido, sino que se ha recrudecido a tal grado, que el mes de junio de 2009 ha sido el que más asesinatos a arrojado desde la llegada de las fuerzas militares. Diariamente las estadísticas confirman que la lucha contra el narcotráfico es sólo un pretexto para militarizar la sociedad, y por consiguiente, suspender las garantías individuales de los ciudadanos y violar sistemáticamente nuestros derechos universales.

A la fecha, no se ha detenido a ningún alto funcionario del gobierno ligado con el narcotráfico, ni a ningún empresario de los grandes lavadores de dinero, como tampoco se han visto afectadas sus propiedades por allanamientos militares. Sólo se persiguen a los delincuentes de bajo perfil, criminalizando a los pobres. En esta supuesta guerra, en todos los noticieros, todos los ejecutados son dados por narcos, y todos los juarenses somos sospechosos de serlo, lo que nos vuelve víctimas de todo tipo de vejaciones y abusos. Es alarmante, que las ejecuciones de supuestos delincuentes sean mezcladas con los asesinatos de gente comprometida en la formación y dirección del pueblo pobre (la lista es muy larga, líderes de campesinos, comerciantes, yonkeros, maestros,etc.. ).

Por éstas y otras razones, porque debemos vencer el miedo, ciudadanos comunes y miembros de diversas organizaciones hemos formado una Asamblea Ciudadana, con el objeto de cuestionar permanentemente esta situación y exigir el regreso al estado de derecho y la vuelta del ejército a sus cuarteles.

NO QUEREMOS VIVIR EN UN PAIS MILITARIZADO!!!

ORGANÍZATE CON TUS VECINOS!!! CONTÁCTANOS noalamilitarizacion@gmail.com

Juárez No es cuartel, fuera ejército de él!!